Ciudad de Guatemala, 12 abr. (AGN). – La calificadora internacional de riesgo S&P Global Ratings elevó la calificación de riesgo de Guatemala derivado de la estabilidad macroeconómica y resiliencia del país.
Dicha calificación de riesgo crediticio para Guatemala fue de BB- (con perspectiva positiva) a BB (con perspectiva estable) fue publicada en el informe de S&P del martes 11 de abril.
Banco de Guatemala. / Foto: Gobierno de Guatemala
La decisión se basó, principalmente, en la resiliencia y en la estabilidad macroeconómica de la economía guatemalteca.
Los aspectos
La firma calificadora tomó en cuenta aspectos relevantes de la economía del país que constituyen fortalezas crediticias. Entre esos, sólida posición externa, moderación de la deuda pública respecto del Producto Interno Bruto (PIB) y política monetaria con manejo prudente.
Asimismo, la agencia señala que la recaudación tributaria se ha fortalecido durante los últimos dos años. En tal sentido, se incrementó la carga tributaria (respecto del PIB) de 10.7 % en 2019 a 12.1 % en el 2022, debido a mejoras observadas en la administración tributaria.
En tanto, la perspectiva estable, definida en la calificación, refleja la expectativa de que el manejo macroeconómico cauteloso continuará prevaleciendo a corto y mediano plazo.
Esto, a pesar de las condiciones externas poco favorables y de las elecciones generales del próximo domingo 25 de junio.
También indica que la política monetaria de Guatemala continúa reflejando el mandato del Banco Central enfocado en el control de la inflación, así como su independencia operacional. Esto se ha materializado en un aumento de 300 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria desde mayo de 2022.
Esto permite que la tasa de la inflación interanual converja al punto central de su meta a finales de 2024.
Las metas
Se indica en el informe que la calificación crediticia de Guatemala podría mejorar en el corto y mediano plazo. Esto, si el entorno político y la implementación de políticas económicas favorables elevan la confianza de los inversionistas.
Eso generaría un avance gradual en el fortalecimiento del marco regulatorio y legal del país, para reducir la incertidumbre y fortalecer el estado de derecho.
Al respecto, garantiza que continúan los esfuerzos en materia económica, financiera, fiscal y de inversión, en pro del progreso del país.
