El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, entregó a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le otorgó medidas cautelares, para resguardar su integridad personal e independencia judicial.
El juez indicó que el 9 de septiembre pasado, también se decretaron medidas provisionales a su favor.
“Ante los últimos acontecimientos y la criminalización e instrumentalización del Derecho Penal, con relación al tema de antejuicio, es que consideramos prudente venir y hacer entrega oficialmente a la Corte Suprema”, afirmó Gálvez.
El tema, aseguró, no es aislado, añadió. Según el análisis de la Corte, se hace referencia que Naciones Unidas advirtió que 2019 y 2020, observó que los jueces de los Tribunales de Mayor Riesgo han sido, particularmente, blanco de ataques.
Asimismo, se hace mención de denuncias espurias y antejuicios para la remoción de los jueces de sus puestos. Se añade ataques a través de medios de comunicación y las redes sociales.
La CIDH también constató “la agudización de las acciones e injerencias sistemáticas contra la independencia del sistema de justicia”, aseguró.
“Advirtió que recibió información sobre la intensificación de la criminalización y estigmatización contra los operadores de justicia. Al respecto recomienda protegerlos frente a ataques de intimidación, amenazas, hostigamiento. Investigando quienes lo cometen”, dijo el juez Miguel Ángel Gálvez.
Inician revisión de medidas cautelares
En julio pasado, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos(Copadeh), inició un proceso interinstitucional para revisar y conocer las necesidades en el marco de las medidas cautelares que se le otorgó a Miguel Ángel Gálvez.
Asociación demanda a la Corte Suprema cumplir con garantías
La Asociación de Jueces y Magistrados por la Integridad (AGJI) respaldó a Gálvez, luego de que resolviera enviar a juicio a los implicados en el caso “Diario Militar”.
“Para este efecto, las leyes de la República contemplan los recursos y acciones legales para impugnar las decisiones judiciales y no recurrir a agresiones y amenazas que debilitan al Estado de derecho”, indicó la AGJI, frente a posibles desacuerdos que pueda existir con la decisión del juez.
Los ataques, según la asociación, contravienen los principios y normas de derecho internacional sobre la independencia judicial. Asimismo, demandaron que de conformidad con la ley, la Corte Suprema de Justicia debe procurar el resguardo de la función del juez y adoptar medidas de prevención.
