El Ministerio Público (MP), pidió enviar a juicio a Sandra Torres por dos delitos: asociación ilícita y financiamiento electoral como candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La solicitud de la Fiscalía se dio en el marco del proceso penal contra la secretaria general de la UNE, partido que gobernó Guatemala de la mano de Álvaro Colom. El caso que involucra a Torres es conocido como “Financiamiento UNE” y se refiere a hechos que habrían ocurrido en las Elecciones Generales de 2015.
En febrero de 2019 la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y el MP presentaron un caso contra el partido UNE. En su momento las instituciones informaron que dieron con los supuestos ilícitos tras investigar el proceso conocido como “Traficantes de Influencias”, de enero de 2018.
Al analizar movimientos bancarios de distintas empresas que aparentemente pagaban sobornos para agilizar la devolución del crédito fiscal, las autoridades descubrieron irregularidades en las cuentas de Ingeniería Integral S.A. hacia la entidad MAARIV S.A.
“La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias. Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación”, se indicó.
El caso, según la CICIG
A continuación lo que informó la CICIG y la fiscalía sobre el caso por el que, en septiembre de 2019, fue capturada Sandra Torres, quien mantiene la aspiración de gobernar Guatemala, tal como lo hizo su exesposo de 2008 a 2012.
“Las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (Prohabsa) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A., como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña. De esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
Se estableció que a través de estas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal en la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña No. 82-0002841-5 del Banco G&T Continental, S.A. a nombre del partido político, por medio del cheque No. 16816576 emitido de la cuenta del Banco G&T Continental, S.A. No. 47-0003676-4 a nombre de MAARIV, S.A .
Como se mencionó, los fondos provenían de la entidad Ingeniería Integral, S.A, empresa que trasladó un total de Q 3.458.407.84 a las cuentas de MAARIV S.A. y de Promotora de Recursos Habitacionales, S.A., los cuales se mezclaron con otros capitales y fueron utilizados en gastos de campaña de la UNE.
Para el retiro del dinero de las cuentas se utilizaban mensajeros de las empresas vinculadas con el candidato vicepresidencial, Mario Leal Castillo, y personas afiliadas al partido, utilizadas por algunos candidatos, que luego fueron diputados, para cambiar cheques emitidos por la entidad MAARIV, S.A. y devolverles el dinero en efectivo.
En la canalización de los fondos hacia las dos empresas que los recaudaban y administraban, se estableció en la participación de una tercera entidad, el Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S.A., representada legalmente por Julio César Ixcamey Velásquez, quien luego fue diputado del partido UNE y de la entidad Compañía Agrícola Industrial Solesa, S.A. vinculada con la familia del candidato vicepresidenciable, Mario Roberto Leal Castillo.
Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral por el partido UNE, han sido cuantificados en Q19,531,753.10.
Las conclusiones de la investigación se basan en el análisis de evidencia documental, testimoniaL y científica recabada a través de más de 21 allanamientos, 60 declaraciones testimoniales e informes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidades bancarias e informes de análisis y criminal de CICIG”, concluyó.
