La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) indicó que 153 trabajadores de prensa han resultado agredidos; en el contexto de las protestas antigubernamentales, la mayoría de ellos por cuerpos policiales.
La ANP indicó que se ha registrado en enero 94 ataques a periodistas durante la cobertura de protestas sociales, ello, sumado al registro del mes pasado, da un total de 153 ataques desde el 7 de diciembre, fecha en que iniciaron las movilizaciones a nivel nacional.
Los datos recogidos por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la ANP evidencian que en el mes de enero la mayor cantidad de ataques se ha concentrado en Lima y que los agentes agresores más frecuentes fueron los efectivos policiales.
Una situación fuera de control en Perú
Entre los hechos de mayor gravedad se encuentran la amenaza de muerte por parte de policías al fotoperiodista de la agencia EFE, Aldair Mejía; esto sucedió en Juliaca (San Román, Puno) el 7 de enero.
En este caso, horas después, el fotoperiodista recibió el disparo de un perdigón en la pierna derecha, ocasionándole fractura de hueso.
También se registró la detención de cuatro comunicadores regionales provenientes de Puno, durante la irrupción policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (liberados 30 horas después).
Además, la agresión contra el equipo periodístico del portal informativo Wayka.pe, conformado por Kevín Huamaní y Valia Aguirre, a quienes agentes policiales no solo agredieron físicamente, sino los despojaron de sus equipos de trabajo los que quedaron inoperativos.
El 19 de enero, día del denominado “gran paro nacional”, la Oficina de Derechos Humanos de la ANP; registró el mayor número de agresiones contra periodistas en un día: 19 ataques en una sola jornada de protestas.
Esta cifra supera el récord de las 16 agresiones ocurridas el 10 de noviembre del 2020; en el contexto de las protestas en defensa de la democracia.
La ANP, a través de la OFIP, se mantiene vigilante para el registro de agresiones a hombres y mujeres de prensa; así como para activar con entidades públicas y sociedad civil medidas de prevención, defensa y acción frente a los diferentes ataques que puedan recibir durante su actividad informativa.
