El juez Miguel Ángel Gálvez, o más bien, el exjuez Gálvez, difundió un video en el que “pone de conocimiento” que renunció al cargo de juez de primera instancia en el Organismo Judicial. Lo hizo -hasta donde se sabe- desde el exterior, luego de haber salido del país por vacaciones. Esa salida, dicho sea de paso, causó controversia porque cuando se supo de su salida, el diario La Hora lo contactó para verificar ese hecho y, flagrantemente, le mintió al periodista que lo entrevistó, lo que fue denunciado y criticado -con razón- por ese medio.
En el video aparece en un ambiente que asemeja una oficina ¿su oficina? con todo y una bandera de Guatemala; pero si se encuentra fuera, ¿por qué el embuste? Lo hizo, además, leyendo una especie de guion que fue preparado para la puesta en escena.
Pero más allá de la forma, el fondo de lo que denuncia es grave: pone de conocimiento que “…la independencia judicial está siendo manipulada (sic) y no se están garantizando los procesos como corresponde, especialmente lo que son las garantías constitucionales y el debido proceso” dijo el exjuez. Graves denuncias, sin duda.
Como no hace referencia a ningún hecho en particular, solo se puede suponer que al referirse a garantías constitucionales que no se están garantizando, se refiere, por ejemplo, a los más de 120 días en los que se mantuvo al exfiscal Rony López en la ilegal prisión provisional, esa figura ilegal que utilizó, no solo él, sino todos los jueces de instancia, en particular, los de Mayor Riesgo.
Pero, si todos los jueces de Mayor Riesgo usaron esa figura violatoria de los derechos fundamentales ¿por qué es que se le endilga al exjuez su “creación”? Pues no, no la creó él, eso es una incorrecta recolección de lo sucedido. Lo que ocurrió él, a viva voz en audiencia, dijo que enviaba a los procesados a “prisión provisional” mientras se les recibía su primera declaración y se resolvía su situación jurídica, es decir, que sí se le enviaba a prisión preventiva o se otorgaba medida sustitutiva. En el derecho penal, no solo no existen, sino son expresamente prohibidas las figuras penales aplicadas por analogía; mucho menos que, por una deficiencia en el proceso penal, puedan crearse figuras inexistentes, como la infame “prisión provisional”.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) realizó un estudio publicado en 2019 titulado: Juzgados de Mayor Riesgo: Análsis y Retos. El estudio arroja métricas sobre el actuar de dichos juzgados; así, el que Gálvez tuvo a su cargo, en el período analizado (2011-2019) el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, para conocer Procesos de Mayor Riesgo, del Grupo “B” recibió el 32% de los casos para un total de 338. En el año 2014 fue el que, por mucho, recibió la mayor cantidad de casos, 163. Es de recordar que ese fue el primer año “operativo” de Iván Velásquez a cargo de la CICIG. No es casualidad que el juzgado a cargo de Gálvez recibiese esa cantidad tan desproporcionada de casos; él fue, desde el principio, un incondicional de esa comisión, plegándose a todas -o casi todas- sus exigencias.
Ese juzgado, el dirigido por el exjuez Gálvez, no fue el que más órdenes de aprensión giró, o el que más envió a más personas a prisión preventiva; tampoco fue el que más aperturas a juicio resolvió (lo que indicaría diligencia en los procesos). El juzgado “B” de Mayor Riesgo fue, según los datos, mediocre.
Sobre la prisión provisional, el estudio del CIEN referido concluye lo siguiente (el resaltado es propio):
La prisión provisional se ha vuelto una práctica recurrente debido a la complejidad de los casos. Las agendas saturadas en los juzgados, la planificación deficiente y el alto número de sindicados han provocado esta situación. Sin embargo, hay que reconocer que la prisión provisional no tiene base legal. Además, no existen espacios adecuados en el Sistema Penitenciario para albergar a las personas en prisión provisional, ya que ellos no debieran ser mezclados con el resto de la población reclusa.
Más allá de datos, métricas números fríos, el actuar del exjuez Miguel Ángel Gálvez fue siempre, más que controversial, cuestionado, como se debe cuestionar la actividad de toda autoridad, sobre todo la judicial. Ahora que ya no tiene el manto de impunida que generó -para los suyos- la extinta CICIG, ahora que debía enfrentar la justicia bajo las mismas leyes y procedimientos que él aplicó al frente de su judicatura, ahora decide irse antes de que se emita la recomendación del juez pesquisidor que lleva su caso. Sin duda, tiene la certeza que a la luz de los hechos y circunstancias de su actuar, la recomendación será que la Corte Suprema de Justicia le retirase la inmunidad para poder ser investigado. Ni eso quiso el exjuez Gálvez.
En su alocución de renuncia vía video desde el extranjero, dice que él siempre procuró la transparencia en los procesos. Al sustraerse de enfrentar un proceso de investigación en su contra y rehuir de la justicia, demuestra exactamente lo contrario.
Lamentable, pues, que un juez que aplicó la ley a su leal saber y entender -algunas veces acertadamente y otras no tanto- decida que, si alguien decide aplicarle a él la ley, entonces se trata de una “manipulación de la independencia judicial”. No tuvo nunca, tal vez, compromiso con la justicia, sino solo con lo que él consideraba que era justicia.
