El Foro Guatemala, otras organizaciones y ciudadanos, pidieron al pleno de magistrados del máximo tribunal electoral desistir en la compra de sistemas tecnológicos para las Elecciones Generales 2023.
La petición es una de las recomendaciones que este martes 8 de noviembre plantearon de forma verbal y por escrito ante el TSE, a fin de fortalecer el sistema descentralizado que deja en la responsabilidad del proceso electoral y el conteo de votos en las Juntas Electorales y Junta Receptora de Votos.
Raquel Zelaya, presidenta de la Junta Directiva de Asies, recordó que este sistema electoral guatemalteco es el pilar de la democracia desde 1983, mientras que Salvador Bigura, quien ha sido presidente de Junta Electoral del Distrito Central, aseveró que los órganos electorales temporales tienen una cadena de custodio del voto y la verificación cruzada del escrutinio, así como la publicación de resultados.
Por su parte, José Echeverría, de Movimiento Cívico Nacional (MCN), mencionó que el TSE no debe contratar sistemas que no son técnicamente justificados y cuyo costo está por encima de los precios en el mercado.
“Tenemos un proceso electoral aplaudido a nivel internacional”
Alejandro Quinteros, voluntario en procesos electorales pasados, reiteró en cuanto al proceso de custodio del voto son reconocidos a nivel internacional y basados en ley.
“Los órganos electorales temporales reciben los votos del ciudadano que hacen el escrutinio y cómputo, los cuales los trasladan en dos vías: una vía, la preliminar al TSE y son los que se ven en pantalla el día de los comicios. Pero la vía oficial es a través de las Juntas Receptoras de Votos, que luego las hacen llegar a las Juntas Municipales Electorales, luego a las Departamentales y hasta allí se oficializan los datos”, explicó.
Por ello, consideró que los procedimientos en las bases para la adquisición de sistemas pueden reñir con los procedimientos en ley.
“La digitación de actas ya no se haría en presencia de las Juntas Receptoras de Votos o el presidente, sino que con el cambio solo se enviarán las imágenes a un centro de cómputo, donde se estarían digitando y no se podrían arreglar. La Ley no da una vía, por lo que el procedimiento de compra va en contra de eso”, añadió.
Y agregó: “Una vez el presidente entrega los resultados, la Junta queda disuelta y si esos datos no cuadraron y hay una suma mala o número que no se entiende, no hay poder de Dios que permita que eso se arregla”.
Zelaya enfatizó que la postura del grupo son recomendaciones y preocupaciones con base en la experiencia, “lo menos que queremos es que la palabra ‘fraude’ se incluya en el ámbito en el que estamos involucrando, porque lo descartamos”, dijo Zelaya.
Finalmente, Biguria cuestionó el gasto de Q280 millones para el sistema de verificación de datos, cuando hay un mecanismo que ha sido utilizado durante los últimos 30 años y que tiene un costo de Q30 por mesa de votación: la tinta indeleble que se utiliza para verificar que el voto no está duplicado, concluyó.
