El estadio nacional Doroteo Guamuch Flores, símbolo del deporte guatemalteco, atraviesa una crisis que combina abandono, irregularidades y promesas de renovación. A pesar de que se desembolsaron más de Q9.5 millones (USD 1.3 millones) para su remodelación, el recinto permanece cerrado y con daños visibles en su estructura. Las grietas y desprendimientos denunciados por el diputado José Chic reavivaron el debate sobre la transparencia y la eficacia de los proyectos públicos en infraestructura deportiva.
La empresa Constructora y Distribuidora Bremar, encargada de los trabajos, recibió pagos millonarios por una obra que apenas alcanzó un 29% de avance físico al vencerse el plazo contractual en diciembre de 2025. El contrato fue cancelado, pero el daño ya estaba hecho: un estadio clausurado, un proyecto inconcluso y un expediente lleno de observaciones. La Contraloría General de Cuentas (CGC) documentó fallas desde la adjudicación hasta la supervisión, señalando que la CDAG conocía con antelación la imposibilidad de cumplir con varios renglones de trabajo, como la instalación de grama híbrida y pista sintética, sin que se tomaran medidas correctivas.
El informe de auditoría fue contundente: la supervisión se limitó a aplicar multas por atraso, sin impulsar acciones legales ni alternativas técnicas. Además, cuestionó la experiencia real de la constructora, cuyo portafolio incluía proyectos menores como parques recreativos y canchas de papifútbol, sin evidencia de capacidad para ejecutar una remodelación de gran escala. La CGC denunció penalmente a 12 personas, entre ellas funcionarios de la CDAG y miembros de la Junta de Licitación, por irregularidades en la planificación, contratación y ejecución del proyecto.
Mientras tanto, el estadio sigue cerrado y las selecciones nacionales han tenido que trasladar sus partidos a otros escenarios del país. El deterioro del inmueble no solo afecta al deporte, sino también al patrimonio del Estado, como lo advirtió la resolución judicial que ordenó a la CDAG elaborar un plan técnico de remozamiento. Sin embargo, ese mandato quedó en el aire, y la obra inconclusa se convirtió en un símbolo de la fragilidad institucional.
La polémica escaló al terreno político. El diputado Chic, quien denunció públicamente las grietas, fue acusado por la CDAG ante el Tribunal Supremo Electoral por presunta propaganda ilegal y por “desprestigiar” a funcionarios de la entidad. El Comité Olímpico Guatemalteco también promovió acciones legales contra él, lo que refleja un conflicto que trasciende lo técnico y se instala en la arena institucional.
En paralelo, la CDAG anunció un nuevo proyecto de renovación integral con un costo superior a Q55 millones (USD 7.3 millones), previsto para concluir entre septiembre y octubre de 2027. El presidente de la entidad, Francisco Ardón, confirmó que ya se realizó un diagnóstico de las condiciones del estadio y que actualmente se desarrolla un estudio de mercado para identificar empresas interesadas en participar en la licitación. El convenio firmado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) busca garantizar un proceso más transparente y técnico, aunque la desconfianza persiste tras los antecedentes.
Diez empresas nacionales e internacionales han manifestado interés en la remodelación, pero la CDAG y el PNUD evitaron asistir a una citación en el Congreso para informar sobre los avances, lo que alimentó las críticas sobre la falta de rendición de cuentas. El caso del Doroteo Guamuch Flores se ha convertido en un espejo de las debilidades del sistema de contratación pública en Guatemala: requisitos laxos, supervisión deficiente y ausencia de consecuencias efectivas para las empresas incumplidas.
La historia del estadio nacional es hoy la de una obra inconclusa, con millones ya gastados y un futuro que depende de una nueva licitación. Mientras tanto, las grietas en sus muros son también las grietas de un modelo institucional que no logra garantizar proyectos de calidad ni proteger el patrimonio público. El reto para 2027 no es solo concluir la remodelación, sino demostrar que la inversión millonaria no terminará, otra vez, en un fracaso anunciado.
