La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que el presidente Bernardo Arévalo debe garantizar la continuidad de operaciones en el vertedero administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán (AMSA), ubicado en el kilómetro 22 de la Ruta CA-9 al Pacífico, jurisdicción de Villa Nueva.
La resolución ordena al mandatario abstenerse de ejecutar el cierre del vertedero mientras no exista una sentencia definitiva. Además, instruye al Ejecutivo a velar por el manejo adecuado y el resguardo de los desechos sólidos que permanecen en el lugar, en tanto se define el futuro de la instalación.
La CC también exhortó a las municipalidades que utilizan el vertedero a coordinar políticas y planes conjuntos para la recolección, tratamiento y disposición final de residuos. El tribunal fijó un plazo de 48 horas para que la directora ejecutiva de AMSA presente un informe detallando las comunas que hacen uso del sitio.
Cierre programado
La decisión judicial se emitió 15 días antes de la fecha prevista para el cierre definitivo del vertedero, programado para el 31 de agosto de 2026. AMSA había anunciado que el espacio había alcanzado su vida útil operativa y su capacidad máxima de almacenamiento, razón por la cual dejaría de recibir desechos.
Actualmente, ingresan al vertedero 480 camiones diarios, que trasladan unas 1,800 toneladas de basura provenientes de 32 municipios. El sitio emplea a más de 150 personas y cada año se retiran más de 65 mil metros cúbicos de desechos sólidos y material orgánico, gran parte arrastrado por el río Villalobos.
En 2025, AMSA reportó la recepción de 619 mil toneladas de residuos y el retiro de más de 33 mil metros cúbicos de desechos acumulados.
Plan de cierre ambiental
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) había informado que, tras el cierre, el terreno sería sellado y aislado para iniciar un proceso de control ambiental. El plan incluía aplicaciones de arcilla y suelo orgánico, monitoreo de revegetación, sistemas de drenaje y manejo de gases durante los próximos diez años, hasta lograr la estabilidad del sitio. Posteriormente, el área podría destinarse a uso urbano o productivo.
El 14 de abril de 2026, el procurador de Derechos Humanos, José Alejandro Córdova Herrera, realizó una inspección técnica en el vertedero. En su visita, destacó la importancia nacional del lugar, que recibe desechos de más de 30 municipalidades, incluidos residuos hospitalarios.
Córdova expresó preocupación por el impacto social en las familias que dependen de actividades de reciclaje dentro del vertedero, quienes podrían perder sus ingresos si se concretaba el cierre.
Reacciones oficiales
Consultado sobre la resolución, el MARN indicó que recién había sido notificado y que aún analizaba el fallo para emitir una postura oficial. Por su parte, AMSA informó que trasladaría detalles hasta la mañana siguiente, debido a la conclusión de la jornada laboral.
Implicaciones
La decisión de la CC frena temporalmente el cierre del vertedero y obliga al Ejecutivo a mantenerlo operativo, garantizando condiciones mínimas de salubridad y seguridad. El fallo también abre un espacio de debate sobre la crisis de gestión de residuos sólidos en el área metropolitana y la necesidad de nuevas alternativas de disposición final para los desechos de más de 30 municipios.
