Con la llegada de la temporada navideña, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y el Instituto Nacional de Bosques (INAB) lanzaron una campaña para combatir la extracción y comercialización ilegal de pinabete, una especie endémica de Guatemala que se encuentra amenazada por la demanda de árboles, coronas y guirnaldas utilizadas en las celebraciones de fin de año.
La estrategia contempla la instalación de puestos de verificación en bosques productores, carreteras, mercados y otros puntos de comercialización. Las autoridades revisarán que los productos cuenten con un marchamo con número correlativo, que permita comprobar que proceden de plantaciones autorizadas y cumplen con los requisitos de aprovechamiento sostenible.
Para la temporada 2026, Guatemala cuenta con 757 plantaciones autorizadas para la comercialización de pinabete, distribuidas en Chimaltenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Quiché y Jalapa. Estas abarcan una superficie productiva de 323.51 hectáreas.
Además, existen 55 plantaciones ubicadas dentro de áreas protegidas, con una extensión de 40.26 hectáreas, y 25 viveros inscritos que producen anualmente un promedio de 155 mil plantas y 16 mil árboles en maceta.
Las instituciones recordaron que las ramillas extraídas de bosques naturales no pueden comercializarse, debido a que estos árboles cumplen funciones ecológicas como la producción de semillas, el refugio de fauna silvestre y la captación de agua.
Sanciones por comercio ilegal
El pinabete, cuyo nombre científico es Abies guatemalensis Rehder, crece en bosques nubosos ubicados entre los 2 mil 400 y 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Su conservación es una prioridad nacional desde 1999, cuando se estableció la Estrategia Nacional para su protección.
La especie está incluida en el Listado de Especies Amenazadas de Guatemala y en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
El tráfico ilegal de pinabete constituye un delito contemplado en el artículo 82 de la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, que establece penas de cinco a diez años de prisión y multas de Q10 mil a Q20 mil.
El gerente del INAB, Bruno Arias, informó que la institución ha destinado más de Q46 millones en incentivos forestales para proteger 12 mil hectáreas de bosques con presencia de esta especie.
Las autoridades hicieron un llamado a los consumidores para adquirir árboles y productos derivados únicamente en puntos de venta autorizados y verificar que tengan el marchamo correspondiente. La compra legal también contribuye a generar ingresos para productores y familias rurales.
