El presidente Arévalo recibió un pedido de cuatro organizaciones del transporte para extender el Decreto 22-2026 antes del 31 de diciembre, cuando vencerá la suspensión temporal de impuestos sobre la gasolina y el diésel y podría producirse un aumento en los fletes, el transporte de pasajeros, los alimentos y otros bienes desde enero de 2027.
La carta abierta fue firmada por Gretrucex, Gretexpa, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros y la Cámara Interamericana de Transportes Internacionales e Interamericana Transportación (CIT). Las entidades reclamaron medidas urgentes para impedir que la restitución de los gravámenes derive en una “ola inflacionaria generalizada”.
El beneficio fiscal está vigente desde el 1 de octubre, luego de que Arévalo sancionara la norma el 30 de septiembre. El Congreso había aprobado la medida con 148 votos, bajo el mecanismo de urgencia nacional, tras protestas y bloqueos de carreteras vinculados al aumento de los precios de los combustibles.
Las gremiales de transporte de Guatemala solicitan al presidente prorrogar la exención temporal de impuestos a los combustibles para evitar un impacto en los costos de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El retorno de dos impuestos desde enero de 2027
El Decreto 22-2026 suspendió el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP). La exención alcanza a la gasolina superior, la regular, el diésel y el gas oil.
La medida implicó una reducción directa de hasta Q9,41 por galón para la gasolina superior y de Q6,34 por galón para el diésel y el gas oil, de acuerdo con las estimaciones elaboradas durante el trámite legislativo. Sin una extensión de la vigencia, ambos tributos volverán a incorporarse íntegramente al precio final de los combustibles el 1 de enero de 2027.
El costo fiscal proyectado de la exención asciende a Q3.318,4 millones. De ese total, Q1.986,2 millones corresponden al IVA y Q1.332,2 millones al IDP.
Los gremios sostuvieron que el diésel “no es únicamente un combustible de transporte”, ya que resulta indispensable para el traslado de cargas comerciales, la distribución de productos de la canasta básica, el servicio colectivo de pasajeros y la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El encarecimiento del combustible, advirtieron las organizaciones, se trasladaría de manera inmediata a las tarifas de flete y a los costos de producción. Esa presión afectaría el valor de bienes y servicios desde el primer día del próximo año si no se prorroga la exención ni se aplican mecanismos alternativos de alivio.
La presión sobre los hogares y el calendario legislativo
La posible suba coincidiría con el comienzo del ciclo escolar. Según los firmantes, las familias deberán afrontar en ese período los gastos de matrícula, útiles, uniformes y transporte escolar, además de un eventual incremento en los precios de los productos de consumo cotidiano.
“La economía familiar no puede soportar un inicio de año cuesta arriba”, señalaron los gremios en la carta fechada el 5 de noviembre. El documento también pidió que la administración actúe “con la prontitud y la responsabilidad que el momento exige”.
Las entidades solicitaron al Ejecutivo que presente ante el Congreso de la República iniciativas de ley o propuestas técnicas para extender el beneficio tributario. Como alternativa, propusieron establecer compensaciones focalizadas para reducir el impacto del regreso del régimen impositivo ordinario.
El pedido incluye la convocatoria a mesas de diálogo con las distintas bancadas legislativas para ubicar el tema entre las prioridades antes del receso parlamentario de fin de año. Los transportistas argumentaron que la proximidad de las fiestas reduce de manera drástica los días hábiles de trabajo y suele dificultar los acuerdos políticos en el Congreso.
La advertencia de Gretrucex, Gretexpa, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros y la CIT apunta a que una demora legislativa dejaría sin continuidad el alivio vigente sobre los combustibles. Las organizaciones consideran que, sin una definición antes del receso, el ajuste impositivo recaería sobre los costos de transporte y la economía doméstica.
Hasta el momento, ni la Presidencia ni el Congreso se pronunciaron sobre una eventual prórroga del Decreto 22-2026 más allá de su vencimiento.
