El abogado Édgar Ortiz, directivo de Poder Ciudadano, anunció el jueves 5 de noviembre el retiro irrevocable de la propuesta de reformas constitucionales al sector justicia presentada ante el Congreso de Guatemala, después de que integrantes de la organización denunciaran amenazas y seguimientos contra directivos, voluntarios y dirigentes departamentales.
La decisión fue adoptada por la Asamblea General de Poder Ciudadano durante una sesión extraordinaria, tras concluir que la vida y la integridad de las personas debían prevalecer sobre cualquier proyecto de reforma. La iniciativa había ingresado al Legislativo por petición ciudadana y contaba con más de 16.000 firmas.
El proyecto había sido presentado el 28 de septiembre mediante el mecanismo previsto en el artículo 277, literal d, de la Constitución guatemalteca. La norma permite impulsar reformas constitucionales a partir de una solicitud respaldada por ciudadanos.
Édgar Ortiz anunció el retiro de la propuesta de reformas constitucionales al sector justicia ante el Congreso de Guatemala por denuncias de amenazas.(Poder Ciudadano GT)
El retiro tras los seguimientos a directivos y voluntarios
Los episodios de intimidación comenzaron mientras la asociación socializaba su propuesta y reunía adhesiones. Ortiz indicó en una circular enviada al Congreso que él y su esposa, directora ejecutiva de la organización, fueron objeto de seguimientos y amenazas durante ese proceso.
Las presiones no quedaron limitadas a la conducción del movimiento. También alcanzaron a voluntarios y líderes departamentales que participaron en la recolección de firmas y en la difusión de la iniciativa en distintas zonas del país.
La organización presentó una denuncia ante el Ministerio Público en septiembre, pero los seguimientos y las intimidaciones continuaron durante las semanas posteriores. Ante ese escenario, el 31 de octubre resolvió cancelar el Congreso Ciudadano que tenía previsto convocar.
Ortiz sostuvo que los voluntarios y líderes locales se habían sumado “en este esfuerzo de buena fe y sin otro interés que contribuir a su país”. El abogado remarcó que “una propuesta de reforma se puede discutir, cuestionar o rechazar por medio del diálogo y el debate de ideas, pero nunca con intimidación”.
La decisión de retirar la propuesta fue comunicada después de que las amenazas se extendieran a quienes colaboraban en la iniciativa. La asociación explicó que abandonaba el trámite constitucional “por la seguridad de nuestro equipo y voluntarios”.
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala pidió a las autoridades que investigaran los hechos denunciados. El reclamo se produjo luego de que los seguimientos contra los integrantes del movimiento trascendieran la discusión parlamentaria sobre la reforma judicial.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también denunció públicamente las amenazas contra los impulsores de la propuesta. Además, informó que el Ministerio de Gobernación mantenía comunicación con las personas afectadas para coordinar medidas de seguridad.
Una propuesta respaldada por diputados de distintos partidos
Aunque la vía ciudadana quedó sin efecto por decisión de la Asamblea General, un grupo de diputados de distintas agrupaciones políticas suscribió la propuesta que había sido difundida por la organización. Esa iniciativa ingresó ese mismo día a la Dirección Legislativa del Congreso.
La presentación de los legisladores mantuvo abierto el debate sobre los cambios constitucionales para el sector justicia, pese a la retirada de la propuesta promovida con firmas ciudadanas. El proyecto que llegó al Congreso había reunido respaldo social antes de que se produjeran las intimidaciones denunciadas.
Poder Ciudadano afirmó que la justicia “es un tema de país y no de un sector, organización u orientación ideológica”. La agrupación invitó a los distintos sectores a respaldar la discusión sobre la reforma.
La asociación agradeció a los voluntarios, a quienes firmaron la petición y a sus simpatizantes por haber acompañado el proceso. También aclaró que continuará su labor como organización civil, aun después del retiro de la iniciativa constitucional.
