El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Contra la Corrupción, solicitó a la Comisión de Postulación para la elección del Contralor General de Cuentas información relacionada con las reglas y requisitos aplicados durante la primera etapa del proceso de selección de aspirantes.
El requerimiento fue conocido el miércoles 23 de septiembre y, según informó el Movimiento ProJusticia, la Fiscalía otorgó a la comisión un plazo de siete días para entregar la información solicitada. La existencia del oficio fue confirmada por La Hora.
El documento, fechado el 23 de septiembre de 2026, está identificado con el expediente MP001-2026-42141 y fue dirigido a Miquel Cortés, presidente de la Comisión de Postulación para la elección del Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030.
¿Qué información pidió el MP?
De acuerdo con el oficio, la Fiscalía Contra la Corrupción solicitó la colaboración de la comisión dentro de una investigación penal que permanece en curso.
Entre la información requerida se encuentra un informe sobre las reglas básicas establecidas para el proceso de postulación, específicamente durante la etapa inicial de presentación de expedientes.
El MP también pidió que se detallen las bases utilizadas para realizar la convocatoria y el listado de requisitos que debían cumplir los profesionales interesados en optar al cargo de Contralor General de Cuentas.
El requerimiento fue emitido por personal de la Fiscalía Contra la Corrupción y corresponde al Equipo 03 del Grupo de Investigación Criminal (GIC), Persecución Penal.
Investigación coincide con etapa decisiva
La solicitud de información se conoce cuando el proceso para elegir al próximo Contralor General de Cuentas se encuentra en una fase determinante.
La Comisión de Postulación ya integró la nómina de seis candidatos que deberá ser trasladada al Congreso de la República. Los diputados tendrán a su cargo la elección del funcionario que ocupará la jefatura de la Contraloría durante el período 2026-2030.
Durante las últimas semanas, organizaciones de sociedad civil, entre ellas Movimiento ProJusticia, han dado seguimiento al proceso, incluida la revisión de expedientes, evaluación de aspirantes y presentación de señalamientos o tachas.
La comisión debía verificar que los expedientes de los profesionales interesados cumplieran con las condiciones establecidas en la convocatoria antes de avanzar con las siguientes etapas de selección.
Hasta ahora, el oficio del Ministerio Público no identifica públicamente los hechos específicos que son objeto de investigación ni señala responsabilidad penal contra integrantes de la comisión o alguno de los aspirantes.
El documento se limita a requerir información sobre las reglas, bases y requisitos utilizados durante la fase inicial de postulación.
La investigación continúa en desarrollo bajo el expediente MP001-2026-42141, por lo que cualquier conclusión sobre posibles responsabilidades dependerá de las diligencias que realice el Ministerio Público.
