Durante 2026, la Unidad Operativa de la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth, perteneciente a la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, ha registrado 58 alertas relacionadas con posibles casos de reclutamiento de adolescentes por parte de grupos delictivos.
De acuerdo con los registros, 34 de las alertas corresponden a adolescentes de género masculino y 24 a género femenino. Las edades de los adolescentes en estos casos oscilan entre los 13 y 17 años, con una mayor incidencia entre quienes tienen 15 y 16 años.
Los meses en los que se ha registrado el mayor número de alertas posiblemente relacionadas con este fenómeno son abril y mayo, lo que representa un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer las acciones de protección y búsqueda inmediata ante la desaparición de adolescentes que figuran en este tipo de alertas.
Frente una alerta la Unidad Operativa coordina la activación de los mecanismos interinstitucionales para la búsqueda inmediata y localización de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos o sustraídos. PGN no actúa sola, pues son siete instituciones en total las que integran el Sistema Nacional.
La PGN hace un llamado a la población en general a mantenerse atentos ante posibles situaciones de riesgo que puedan afectar a niñas, niños y adolescentes y a reportar de inmediato cualquier desaparición, pues las primeras horas son fundamentales para su localización y protección.
El informe revela que el reclutamiento de menores por parte de las pandillas también se identifica como “una manifestación clara” de la delincuencia organizada y se ha convertido en una de las principales modalidades de trata en Guatemala, ya que, además de ser utilizados por las pandillas, los menores también son manipulados o reclutados por estas organizaciones para cometer otra serie de delitos, vinculados principalmente con el narcotráfico, o para ser explotados sexualmente, tanto en el ámbito nacional como en otros países.
Pero no solo las pandillas utilizan a los menores para fines de explotación sexual u otros delitos, ya que también hay otros grupos que los utilizan para estos fines, revela la publicación.
El caso Lev Tahor
El caso de la comunidad Lev Tahor se presenta como un ejemplo en la publicación. Las autoridades identificaron a 232 niñas, niños y adolescentes que formaban parte de esta estructura “coercitiva” y se lograron procesos judiciales por matrimonio forzado o servil y embarazo forzado.
Este caso salió a la luz en noviembre del 2024, luego de que la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) rescataran a 160 menores en una finca ubicada en Oratorio, Santa Rosa, que era habitada por los integrantes de dicho grupo. Esto ocurrió luego de que cuatro menores escaparan del lugar y denunciaran que eran sometidos a abusos y maltratos.
De esa cuenta, la fiscalía inició las investigaciones por sospechas de trata de personas, en la modalidad de violación y maltrato contra menores de edad, así como por embarazo forzado o servil.
En el 2025, las autoridades coordinaron la captura de varios dirigentes del grupo, quienes fueron detenidos en la capital y en la frontera con Belice, por lo que fueron ligados a proceso.
En materia de justicia, el Organismo Judicial reportó que durante el 2025 se dictaron 34 sentencias por trata de personas, de las cuales tres fueron por reclutamiento de menores para grupos delictivos.
Además, se reportó que 22 agentes de seguridad del Sistema Penitenciario (SP) fueron procesados por facilitar la explotación sexual de adolescentes en los centros de privación de libertad, “lo que evidencia la presencia de corrupción institucional que facilita este delito”, indica la publicación.
