La mañana de este sábado, los alrededores de la avenida del Cementerio y la 14 calle del barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina, se convirtieron en escenario de un operativo de seguridad que tomó por sorpresa a vecinos y conductores. Elementos del Ejército de Guatemala, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), instalaron puestos de control para verificar vehículos y motocicletas, con el objetivo de detectar armas, drogas u otros objetos ilícitos, además de identificar a personas con órdenes de captura vigentes.
El director de la PNC, David Boteo, confirmó que más de 1,000 soldados se despliegan diariamente en distintos puntos del departamento de Guatemala. “El acompañamiento del Ejército nos ha permitido ampliar la cobertura y responder con mayor eficacia a las demandas de seguridad ciudadana”, señaló.
Los militares no solo participan en retenes, sino también en allanamientos, desalojos y requisas, acciones que forman parte del Plan Centinela Metropolitano, estrategia que según las autoridades ha logrado reducir en 40 los homicidios registrados en comparación con el mismo período del año anterior.
Un operativo con múltiples objetivos
El despliegue en zona 3 busca reforzar la presencia institucional en un sector históricamente marcado por la violencia y la actividad de estructuras criminales. Los retenes se instalaron en puntos estratégicos para controlar el tránsito y disuadir posibles hechos delictivos.
Vecinos del área señalaron que la presencia de soldados genera una sensación de resguardo, aunque algunos expresaron preocupación por la militarización de tareas que tradicionalmente corresponden a la policía. “Se siente más seguro, pero también da la impresión de que la situación es más grave de lo que dicen”, comentó un comerciante del barrio El Gallito.
Resultados y cuestionamientos
El Ministerio de Gobernación sostiene que la cooperación entre Ejército y PNC ha sido clave para contener la violencia en la capital. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han advertido que el uso prolongado de fuerzas militares en labores de seguridad ciudadana puede derivar en abusos y en una dependencia institucional que debilite el rol civil de la policía.
Analistas consultados subrayan que la reducción de homicidios es un indicador positivo, pero insisten en que la estrategia debe complementarse con programas de prevención, fortalecimiento comunitario y mejoras en la investigación criminal. “No basta con más retenes; se necesita inteligencia policial y coordinación interinstitucional para atacar las raíces del problema”, apuntó un especialista en seguridad urbana.
Una jornada distinta en la capital
El operativo de este sábado se desarrolló sin incidentes mayores, aunque varias personas fueron trasladadas a tribunales por portar armas sin licencia y por incumplir órdenes judiciales. El despliegue incluyó patrullajes motorizados, revisión de documentos y presencia visible de soldados armados en esquinas y accesos principales.
La estrategia, según las autoridades, continuará en los próximos días en otros sectores del departamento, con el propósito de mantener la presión sobre estructuras delictivas y garantizar mayor tranquilidad a los ciudadanos.
Con más de mil soldados en las calles y retenes sorpresivos en zonas críticas, la capital vive un nuevo capítulo en la política de seguridad: uno que combina fuerza militar y acción policial, en medio de un debate abierto sobre la efectividad y los riesgos de esta fórmula.
