La fiscal general, Consuelo Porras, quien participó en la instalación oficial de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral 2023 y de la que es parte el Ministerio Público (MP), “exhortó a la población a actuar responsablemente y respetando la Ley”.
“Como Ministerio Público, todo lo que tengamos de antecedente contra cualquier persona que sea sindicada, lo hemos puesto del conocimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Será (el ente electoral) el que determine las acciones que sean las consecuentes“, afirmó la titular del MP, respecto a investigaciones en contra de personas que buscan cargos a elección popular.
“Indistintamente que algunos se inscriban (como candidatos) y si en el desarrollo de la investigación tengamos causa, procederemos a solicitar el retiro de la inmunidad”, ofreció.
Aseguró que los procedimientos legales establecidos en Ley permiten llegar hasta el final de la investigación y que nada queda impune con evidencias y pruebas que respalden cualquier decisión que se haga”, reiteró.
“Indistintamente que algunos se inscriban (como candidatos) y si en el desarrollo de la investigación tengamos causa, procederemos a solicitar el retiro de la inmunidad”, ofreció.
Aseguró que los procedimientos legales establecidos en Ley permiten llegar hasta el final de la investigación y que nada queda impune con evidencias y pruebas que respalden cualquier decisión que se haga”, reiteró.
E insistió: “mientras no haya una sentencia firme, bajo los principios constitucionales de la presunción de inocencia, será el TSE quien tome la decisión“.
Comparten esfuerzos
La mesa de alto nivel que instaló el TSE busca garantizar un ambiente de armonía y paz durante el proceso electoral 2023, según la Fiscalía.
Otras instituciones que la conforman, bajo la coordinación del magistrado Ranulfo Rafael Rojas, son los ministerios de la Defensa, Gobernación, Educación, Energía y Minas, Salud Pública, Comunicaciones, Policía Nacional de Guatemala (PNC), Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Mercado de Mayoristas EE, cuerpos de socorro y cooperantes.
Entre las actividades que realizarán están: reaccionar antes, durante y después de los comicios, es decir, cuando se violentan normas de carácter penal e identificarlas desde lo local: coacciones por el voto, agresión a candidatos, etc…
“El objetivo es que los votantes sepan que al momento de emitir su sufragio lo podrán hacer tranquilos de que están resguardados”, explicó la magistrada Blanca Alfaro.
Alfaro junto con Porras, recordaron que en los comicios de 2015 a 2019 la conflictividad electoral se redujo un 35%, por lo que la meta es incrementar ese porcentaje en 2023.
De acuerdo con el plan estratégico, existen 42 municipios considerados de alto riesgo porque en elecciones pasadas en estos lugares ocurrieron incidentes como quema de urnas y enfrentamientos armados.
