Las destituciones se conocieron el martes 27 de octubre, diez días después del ataque armado ocurrido en el Campo Marte, zona 5 de la capital, donde murieron el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
La salida de ambos mandos ocurre en un contexto de revisión de la estructura y el funcionamiento de la Policía Nacional Civil, luego de que surgieran señalamientos sobre la actuación de agentes policiales durante el operativo posterior al doble crimen.
La decisión también se produce después de que el Ministerio de Gobernación anunciara una evaluación de los niveles de mando, los procedimientos operativos y los mecanismos de supervisión de la institución, con el objetivo de identificar posibles fallas y determinar las medidas administrativas correspondientes.
Cuestionamientos por la captura de los hermanos Choc Toz
Uno de los principales puntos de controversia fue la detención de Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, quienes fueron capturados después del ataque armado del 17 de octubre.
Los hermanos quedaron en libertad luego de que un juez dictara falta de mérito, al considerar que no existían elementos suficientes para vincularlos con el hecho. Posteriormente, surgieron denuncias sobre posibles irregularidades en el procedimiento policial y señalamientos de que se les habría colocado un arma para incriminarlos.
Las acusaciones motivaron investigaciones para establecer si los agentes que participaron en las capturas actuaron conforme a los protocolos y si se respetó la cadena de mando.
El 23 de octubre, siete integrantes de la PNC fueron puestos a disposición de los tribunales por presuntas irregularidades relacionadas con el caso. Entre ellos figuran mandos policiales y agentes que participaron en el procedimiento.
Las investigaciones buscan determinar las responsabilidades individuales, sin que los señalamientos constituyan por sí mismos una declaración de culpabilidad.
Una gestión bajo presión
David Custodio Boteo asumió la dirección general de la PNC en enero de 2024, al inicio del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Antes de ocupar ese puesto, desempeñó diferentes funciones dentro de la institución, incluida la Subdirección General de Operaciones.
Durante su gestión también enfrentó cuestionamientos relacionados con la seguridad y el funcionamiento del sistema penitenciario, entre ellos la fuga de reos de la cárcel Fraijanes II.
Por su parte, Esvin Jacinto Quiché estuvo bajo escrutinio tras explicar ante diputados aspectos de la actuación policial durante el ataque contra Solórzano Foppa y las detenciones posteriores.
Los cambios abren una nueva etapa en la conducción de la Policía Nacional Civil, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existieron fallas operativas o responsabilidades dentro de la estructura policial.
La renovación de los mandos se enmarca en la revisión institucional anunciada por Gobernación, cuyos resultados deberán orientar las medidas para fortalecer los controles internos y la actuación de los agentes.
