A finales de julio el programa Digikal, fue presentado como una estrategia que promete transformar el nivel Diversificado con la entrega de tabletas y acceso a internet. La primera fase cubrirá a 1,182 institutos nacionales y beneficiará a más de 62 mil personas, entre estudiantes y docentes.
Sin embargo, detrás del discurso oficial de modernización, surgen cuestionamientos sobre la ejecución del presupuesto, la capacidad de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) para administrar compras millonarias y la pertinencia de invertir en tecnología en un sistema educativo marcado por escuelas sin agua, maestros mal pagados y aulas deterioradas.
El costo de la digitalización
Cada estudiante recibirá una tableta valorada en Q2,000 (USD 260) y un plan de internet de Q600 (USD 78) por un año. El dinero será manejado por las OPF, que deberán garantizar la compra de equipos nuevos, con factura electrónica y garantía mínima de un año.
El esquema traslada la responsabilidad a padres y madres, quienes deberán verificar que los dispositivos no sean usados ni defectuosos. Para críticos del modelo, esto abre la puerta a riesgos de corrupción y sobreprecios, en un país donde la fiscalización de programas sociales ha sido históricamente débil.
Brecha digital y desigualdad
Aunque el ministerio asegura que Digikal fortalecerá competencias tecnológicas en áreas como matemáticas y ciencias, especialistas advierten que la estrategia puede profundizar la desigualdad. Los institutos beneficiados son nacionales, pero miles de jóvenes en comunidades rurales siguen estudiando en condiciones precarias, sin electricidad ni conectividad.
“¿De qué sirve una tableta si la escuela no tiene techo o si el maestro no recibe formación adecuada?”, cuestionan organizaciones educativas que ven el programa como un parche tecnológico frente a problemas estructurales.
Transparencia en entredicho
El ministerio prohibió sustituir las tabletas por celulares y ordenó controles estrictos sobre facturas y garantías. No obstante, la experiencia de programas anteriores —como la entrega de útiles escolares o valijas didácticas— deja dudas sobre la capacidad real de supervisión.
Además, el plan se concentra en el ciclo Diversificado, dejando fuera a primaria y básicos, donde la deserción escolar es más alta y el acceso a recursos sigue siendo limitado.
Una apuesta política
Digikal se presenta como la gran bandera de modernización educativa del actual gobierno. Pero para muchos, la iniciativa refleja más un gesto político que una solución integral. La digitalización llega en un contexto de presupuesto insuficiente, con el gasto en educación aún por debajo del 3% del PIB, lejos del 6% que exige la ley.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿será Digikal un verdadero paso hacia la calidad educativa o simplemente otro programa que luce bien en cifras y fotos, pero deja intactas las carencias históricas de la escuela pública guatemalteca?
