La fecha límite para el pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos vence este 31 de julio, según confirmó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Aunque el Congreso de la República aprobó una prórroga para extender el plazo hasta diciembre, la medida todavía no puede aplicarse porque el decreto no ha sido sancionado ni publicado en el diario oficial, explicaron.
La SAT explicó que, por ahora, continúa aplicando la normativa vigente —el Decreto 70-94— y que cualquier modificación solo podrá implementarse una vez que la reforma entre en vigor. Esto implica que, hasta este día, los contribuyentes deben cumplir con el pago para evitar sanciones, aunque el nuevo decreto contempla la exoneración de multas e intereses por atraso a partir del 1 de agosto.
Multas e intereses: ¿qué ocurre si no pago?
El diputado Ronald Portillo, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, detalló que la reforma aprobada establece un alivio temporal: quienes no logren pagar este 31 de julio no acumularán multas ni intereses desde el 1 de agosto, siempre y cuando la ley entre en vigencia en las próximas semanas.
El nuevo plazo para cumplir con el impuesto se fijaría en el último día hábil de diciembre de 2026. Sin embargo, hasta que el decreto sea sancionado y publicado oficialmente, la SAT está obligada a aplicar la normativa actual.
Esto significa que, en la práctica, los contribuyentes que no paguen hoy podrían enfrentar sanciones inmediatas, aunque estas quedarían sin efecto retroactivo una vez que la reforma sea oficial.
El proceso legislativo pendiente
La aprobación de la prórroga se realizó bajo el mecanismo de urgencia nacional, con el respaldo de más de 107 diputados. No obstante, el decreto debe seguir el procedimiento formal:
- Sanción presidencial. El Ejecutivo tiene la facultad de aprobar o rechazar la norma.
- Publicación oficial. Solo después de aparecer en el diario oficial, la SAT podrá ajustar sus sistemas para aplicar la nueva disposición.
- Plazos estimados. Según Portillo, cada etapa podría tardar entre cinco y diez días, por lo que la reforma podría entrar en vigor en aproximadamente tres semanas.
En caso de que el presidente decida no sancionar la ley, el Congreso puede ordenar su publicación directamente, amparado en la primacía legislativa.
Impacto en los contribuyentes
El objetivo de la reforma es otorgar un respiro económico a los guatemaltecos, evitando que quienes no logren pagar dentro del plazo actual acumulen nuevas cargas financieras. La medida busca aliviar la presión sobre los hogares y transportistas, en un contexto marcado por el encarecimiento de los combustibles y el aumento en los costos de vida.
Mientras tanto, la SAT insiste en que los ciudadanos deben cumplir con la normativa vigente hasta que la reforma sea oficial. Esto genera incertidumbre entre los contribuyentes, quienes se debaten entre pagar de inmediato o esperar la entrada en vigor de la prórroga.
