El Estado de México continúa con la demanda interpuesta contra Facebook por los efectos que, según las autoridades, la red social genera en la salud mental de niños y adolescentes, al fomentar dinámicas de uso excesivo que derivan en adicción digital. La acción legal busca responsabilizar a la empresa por el impacto que sus algoritmos y mecanismos de recomendación tienen en la población más joven, quienes pasan cada vez más tiempo conectados y expuestos a contenidos potencialmente dañinos.
Este proceso se desarrolla en paralelo a dos juicios de gran relevancia en Estados Unidos contra Meta, la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. En Nuevo México, un jurado inició deliberaciones tras seis semanas de audiencias en las que se presentaron testimonios de 40 testigos, incluidos exempleados convertidos en denunciantes, además de cientos de documentos internos. La acusación sostiene que Meta no protegió adecuadamente a los menores frente a depredadores sexuales y situaciones de explotación en línea. El fiscal general Raúl Torrez exige sanciones civiles que podrían alcanzar miles de millones de dólares, al calcular una multa de 5 mil dólares por cada adolescente usuario de las plataformas en ese estado.
Simultáneamente, en California se desarrolla otro juicio en el que se evalúa si Meta y YouTube deben ser considerados responsables de haber diseñado sus sistemas para generar adicción en los niños. Este caso es visto como un precedente clave para cientosde demandas similares que se encuentran en curso en distintas jurisdicciones estadounidenses.
Las autoridades del Estado de México han seguido de cerca estos procesos internacionales, pues consideran que refuerzan su propia demanda. Argumentan que la exposición prolongada a las redes sociales afecta el rendimiento escolar, la convivencia familiar y puede incrementar riesgos de ansiedad, depresión y aislamiento social. Organizaciones civiles y especialistas en psicología infantil han respaldado la iniciativa, señalando que se trata de un paso necesario para exigir mayor responsabilidad a las grandes tecnológicas.
Meta, por su parte, ha defendido sus políticas de seguridad y bienestar, asegurando que ofrece herramientas de control parental y mecanismos para limitar el tiempo de uso. Sin embargo, fiscales y abogados demandantes insisten en que estas medidas son insuficientes y que la empresa ha actuado de manera engañosa al comunicar sus esfuerzos de protección.
La continuidad de la demanda en México y los juicios en Estados Unidos reflejan un debate global sobre el papel de las plataformas digitales en la vida cotidiana y la necesidad de establecer límites claros para proteger a los menores de edad. El desenlace de estos procesos podría marcar un antes y un después en la regulación de las redes sociales y en la forma en que las compañías tecnológicas enfrentan su responsabilidad social.
