Los diputados que integran la Comisión de Previsión y Seguridad Social entregaron la iniciativa que reforma la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (Iusi), en la cual se proponen cambios sustanciales al Decreto 15-98, entre ellos una reducción de la tasa vigente y la exoneración.
Los legisladores expusieron los objetivos de las modificaciones a la norma, en la cual se establece un límite al porcentaje de cobro, previo a su traslado a la Dirección Legislativa del Congreso de la República para continuar las fases de aprobación en el hemiciclo.
El Iusi es un impuesto que se aplica a la propiedad de bienes inmuebles, como casas, apartamentos, terrenos y otras construcciones, y constituye un mecanismo de recaudación para las corporaciones municipales, explicaron los parlamentarios.
Los 3 pilares del cambio:
Reducción drástica de la tasa: La propuesta busca bajar el impuesto del 9 por millar al 3 por millar, argumentando que la tasa actual es “confiscatoria” y desproporcionada para la realidad económica de los guatemaltecos.
Exoneración por edad y cumplimiento: Los ciudadanos mayores de 60 años quedarían exentos de pagar el impuesto por su vivienda de residencia. Asimismo, se plantea exonerar a quienes ya hayan cumplido 20 años de contribución.
Apoyo a nuevos propietarios: Aquellos que compren su vivienda mediante crédito bancario no pagarían el IUSI durante el tiempo que dure su financiamiento (ya sean 10, 15 o 20 años), beneficio aplicable por una única vez.
Actualmente, las municipalidades administran este impuesto destinando el 75% a inversión y el 25% a funcionamiento. Sin embargo, la falta de servicios públicos de calidad (agua, luz, aceras) genera un fuerte rechazo social hacia el tributo actual.
Voces encontradas
Mientras los diputados promotores, como Cristian Álvarez e Inés Castillo, defienden la reforma como un acto de “justicia y equidad”, analistas independientes advierten que la medida podría ser “populista y débil”. Señalan que, aunque urge aliviar a la clase media, se requieren simulaciones técnicas para evitar un impacto negativo en las finanzas municipales sin resolver el problema de fondo: la mala gestión de los recursos.
