Después de una reunión en un restaurante en la zona 1 capitalina, alcaldes del país, encabezados por Sebastián Siero, jefe edil de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, caminan rumbo a Casa Presidencial para entregar 305 cartas al Ejecutivo.
Los jefes ediles, solicitan de esta manera, la sanción del Decreto Legislativo 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Durante la reunión previa, Sebastián Siero, dijo que con la entrega de cartas no se busca “pelear” sino llegar a un consenso con el mandatario Bernardo Arévalo.
Indicó que el viernes fueron a entregar algunas de esas cartas pero estuvieron en el palacio y no se las quisieron recibir, y de igual manera en casa presidencial.
Además señaló que se busca que el Ejecutivo escuche a los alcaldes ya que existen problemas por el retraso en el sistema de CODEDES para que las obras lleguen a los municipio del país.
Señala amenazas de Gobernadores
Por otro lado, el presidente de la ANAM dijo que algunos gobernadores han amenazado a alcaldes para que no se pronuncien o soliciten al Ejecutivo que sancione el decreto en mención, afirmó que les han indicado que “se atengan a las consecuencias” si lo hacen.
Al respecto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó:
“Lastimosamente, el alcalde de Santa Catarina Pinula se ha caracterizado por instrumentalizar la política municipal en el país. Rechazamos categóricamente y lamentamos las irresponsables e infundadas declaraciones del alcalde”.
En qué consiste el Decreto Legislativo 7-2025
Según señala el Congreso, el Decreto Legislativo 7-2025, “el objetivo principal de la ley es garantizar la continuidad de los proyectos financiados por asignaciones extraordinarias, los cuales son vitales para el desarrollo económico y social de los municipios y departamentos de todo el país”.
El decreto ha generado polémica, pues hay sectores que señalan que su entrada en vigencia tendrá un impacto negativo para el país.
María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), escribió un artículo el pasado 8 de septiembre, en el que explica que con esta ley se autoriza que los recursos no ejecutados en 2025 se utilicen en 2026.
Con lo cual, señala “se rompe de nuevo el principio de anualidad presupuestaria y se permite que los CODEDES retengan saldos para el siguiente ejercicio sin aprobación parlamentaria”.
Señala que esta situación “debilita el control democrático y erosiona la unidad presupuestaria, abriendo la puerta a prácticas opacas. Según estimaciones, podrían trasladarse más de seis mil millones de quetzales adicionales al próximo año”.
En ese sentido el CIEN señala que este decreto vulnera la obligación de cerrar las cuentas al 31 de diciembre, relaja los controles del gasto y deja sin atender la verdadera causa, que es la limitada capacidad de planificar, diseñar y ejecutar proyectos.
