La Corte de Constitucionalidad ordenó al gobierno de Bernardo Arévalo finalizar la construcción de dos centros carcelarios e implementar bloqueadores de señal telefónica en todo el sistema penitenciario. La resolución busca que las autoridades adopten medidas para recuperar el control de las prisiones y reducir las actividades criminales que se coordinan desde su interior.
La disposición representa un nuevo requerimiento judicial para el Ejecutivo y las instituciones responsables de la administración penitenciaria, en un contexto marcado por las denuncias sobre extorsiones, amenazas y otros delitos que se organizan desde los centros de detención.
La utilización de teléfonos celulares por parte de privados de libertad ha sido uno de los problemas recurrentes del sistema penitenciario guatemalteco. A través de estos dispositivos, estructuras criminales pueden mantener comunicación con personas en el exterior y coordinar acciones delictivas, entre ellas el cobro de extorsiones.
Las cárceles de El Triunfo y Masagua
La resolución judicial identifica dos proyectos penitenciarios que deberán recibir atención del Ejecutivo. El primero es la cárcel de El Triunfo, ubicada en Izabal, y el segundo corresponde al complejo penitenciario de Masagua, en Escuintla.
La construcción de El Triunfo presentaba un avance físico y financiero de apenas 12% hasta agosto de 2026, según datos del Ministerio de la Defensa citados durante una fiscalización parlamentaria. Los trabajos se concentraban principalmente en la preparación del terreno.
En el caso de Masagua, el proyecto contempla una capacidad de 4 mil celdas y una inversión estimada de US$68.5 millones. Sin embargo, su financiamiento todavía debía completar trámites ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El diputado José Chic señaló que el Gobierno había presentado plazos para desarrollar las obras, pero cuestionó la falta de avances concretos y de información sobre el cumplimiento de los compromisos.
Bloqueadores de señal y control penitenciario
Otro de los puntos centrales del amparo es la implementación efectiva de bloqueadores de señal telefónica y otros mecanismos tecnológicos dentro de los centros de detención preventiva, cumplimiento de condena y máxima seguridad.
El Sistema Penitenciario había reconocido en agosto la necesidad de Q112 millones para adquirir e instalar estos dispositivos. No obstante, según el legislador, las gestiones todavía no se habían traducido en un funcionamiento efectivo de los sistemas.
Chic argumentó que las comunicaciones desde las cárceles facilitan la coordinación de extorsiones, amenazas, asesinatos por encargo y actividades relacionadas con el narcomenudeo.
El congresista afirmó que el 80% de las extorsiones que afectan a la población guatemalteca se originan en centros como Pavón, Pavoncito, Fraijanes, Cantel, la Granja Penal de Canadá y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. Esta cifra corresponde a una afirmación del legislador durante la presentación de sus argumentos sobre el amparo.
La resolución advierte sobre responsabilidades por incumplimiento
La acción constitucional fue presentada el 6 de julio de 2026 por Chic contra el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. La CC otorgó el amparo provisional el 22 de octubre.
El fallo establece que las autoridades denunciadas deben adoptar medidas para verificar el desarrollo y conclusión de los proyectos penitenciarios, garantizar la seguridad en los establecimientos e implementar los sistemas de bloqueo de telecomunicaciones.
Además, advierte que el incumplimiento de las disposiciones puede generar responsabilidades conforme a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
