El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala determinó que el asesinato del diputado Julio Portillo no califica como violencia electoral, debido a que no existen indicios que vinculen el hecho armado con el desarrollo de la contienda política.
La postura institucional fue expuesta este lunes 9 de noviembre al concluir la inauguración de la Mesa Nacional de Prevención de la Conflictividad Electoral, instancia creada con vistas a las elecciones generales previstas para 2027. Frente a los cuestionamientos de la prensa, el magistrado de la entidad, Mario Velásquez, deslindó las competencias de la autoridad de comicios frente a hechos criminales cuya persecución corresponde a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público (MP).
El criterio técnico separa las disputas de urnas de los delitos comunes
Durante su alocución ante los medios de comunicación, Velásquez remarcó que las atribuciones del ente colegiado se limitan estrictamente a los incidentes derivados de la pugna comicial.
“Tenemos que tener claro cuál es la diferencia entre la conflictividad electoral y la violencia que existe en el país, que puede ser violencia política, puede ser violencia común o puede ser de muchos factores”, expuso el funcionario al fijar el margen legal de actuación del órgano electoral.
Bajo esa misma línea argumentativa, el magistrado descartó que la muerte del congresista pueda incorporarse en los registros de conflictividad comicial.
“Hoy por hoy ningún hecho de violencia podemos considerarlo nosotros como conflictividad electoral, porque no se tiene determinado que sea por el proceso electoral”, explicó Velásquez ante los periodistas.
A su vez, el togado manifestó el pesar de la institución por el suceso: “Lamentamos mucho el fallecimiento del señor diputado, así como de las personas que le acompañaban, así como lamentamos todos los hechos de violencia que se dan en el país”.
Agregó: “Pero ese no es un proceso que el Tribunal Supremo Electoral pueda estudiar y pueda de alguna manera contrarrestar, porque no corresponde al Tribunal Supremo Electoral”.
“¿Cuándo lo podemos determinar así? Bueno, una quema de papeletas, un problema dentro de un centro de votación, una disputa entre dos simpatizantes de organizaciones políticas. Eso es porque surge justamente del proceso electoral y de las pasiones que se levantan dentro de un proceso electoral”, precisó.
Según indicó, cualquier manifestación violenta en torno a actores políticos que carezca de un vínculo demostrado con la disputa de votos queda por completo fuera de sus facultades de fiscalización o prevención.
