Los recolectores de basura advirtieron que la continuidad del servicio está en riesgo por las exigencias económicas de grupos criminales que operan en distintas zonas de la capital y municipios cercanos. La situación, según denunciaron, se ha vuelto insostenible y ha obligado a varios trabajadores a abandonar sus rutas por temor a sufrir ataques.
En un comunicado dirigido al Gobierno de Guatemala y a la población, el gremio señaló que los trabajadores reciben amenazas de estructuras delictivas que exigen pagos periódicos para permitirles continuar con sus actividades.
Entre los grupos mencionados en las denuncias figuran personas que se identifican como integrantes de distintas pandillas y organizaciones criminales. Los recolectores aseguran que las exigencias económicas se acumulan y que algunos ya no cuentan con los recursos para cubrirlas.
La suspensión podría afectar la limpieza de comunidades de todo el departamento, debido a que el servicio es fundamental para la recolección y disposición de los desechos sólidos.
Cobros y amenazas afectan las rutas
Las denuncias de los trabajadores detallan que algunos camiones enfrentan varias exigencias de dinero por parte de diferentes grupos. Entre los cobros reportados figuran pagos iniciales de hasta Q25 mil por vehículo y cuotas periódicas adicionales, que pueden variar según las exigencias de los responsables.
Los recolectores también han denunciado amenazas de muerte, ataques armados y situaciones en las que los delincuentes interceptan los vehículos para obligar a sus ocupantes a realizar transferencias de dinero.
La presión ha provocado que algunas rutas dejen de cubrirse en sectores de la zona 18, zona 6 y otras áreas de la capital, así como en municipios como Mixco. Los trabajadores temen que la violencia se extienda a más puntos si no reciben protección.
Además del impacto económico para los propietarios de los camiones, las amenazas ponen en riesgo la integridad de los conductores, ayudantes y sus familias.
Piden garantías para reanudar el servicio
El gremio condicionó la reanudación de las labores a que el Gobierno adopte medidas concretas para proteger a los recolectores y permita que trabajen sin estar expuestos a extorsiones.
Por su parte, la Policía Nacional Civil informó que, mediante la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), mantiene investigaciones y ha realizado acercamientos con trabajadores del sector para reforzar la seguridad en las áreas afectadas.
Las autoridades también indicaron que continuarán las acciones para identificar a los responsables de las amenazas y los cobros ilegales.
Mientras tanto, la fecha de inicio del paro permanece sin confirmación. Si la suspensión se concreta en todo el departamento, la población podría enfrentar dificultades para disponer de sus desechos, especialmente en los sectores donde las rutas ya presentan interrupciones.
El gremio solicitó comprensión a los vecinos y reiteró que su decisión responde a la falta de condiciones de seguridad para continuar con el servicio.
