La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera, presentó las cifras durante una reunión con la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, en la que expuso la magnitud de las pérdidas agrícolas y la necesidad de ampliar los recursos destinados a atender a la población perjudicada.
De acuerdo con los datos del ministerio, unas 260 mil hectáreas afectadas corresponden a cultivos de maíz, uno de los principales alimentos de la dieta guatemalteca. Los daños amenazan los ingresos de las familias agricultoras y podrían agravar la inseguridad alimentaria, especialmente en las comunidades rurales que dependen de sus cosechas para subsistir.
Rivera explicó que entre las condiciones que contribuyeron a esta crisis figuran el inicio tardío de la temporada lluviosa, la distribución irregular de las precipitaciones y una canícula prolongada durante julio y agosto. A esto se suma la previsión de una finalización anticipada del invierno y el establecimiento del fenómeno de El Niño.
La funcionaria señaló que estos episodios climáticos se presentan con mayor frecuencia. Mientras anteriormente transcurrían alrededor de 15 años entre los eventos, ahora el intervalo promedio se ha reducido a 6.3 años, según sus estimaciones.
Asistencia alimentaria y recursos adicionales
Ante la emergencia, las instituciones activaron mecanismos de coordinación para atender a las familias afectadas. El sistema de respuesta conjunta fue aprobado en septiembre y opera bajo alerta naranja, con participación de las entidades encargadas de la gestión de riesgos.
El plan de asistencia contempla la distribución de 250 mil raciones de la reserva estratégica de alimentos y otras 102 mil 272 correspondientes al Programa de Insumos para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Los recursos para estas entregas incluyen Q100 millones adicionales aportados por el Ministerio de Economía.
Sin embargo, la magnitud de la crisis también generó cuestionamientos en el Congreso sobre la planificación y la capacidad de respuesta gubernamental. La diputada Laura Marroquín criticó que Guatemala no haya declarado una emergencia nacional por sequía y pidió fortalecer la atención preventiva para evitar un incremento de los casos de desnutrición.
El Ministerio de Agricultura solicitará recursos adicionales para reforzar sus programas durante 2027. Rivera también planteó la necesidad de coordinar con el Ministerio de Finanzas Públicas mecanismos que permitan ejecutar fondos durante más de un ejercicio fiscal, debido a que los efectos de la sequía pueden prolongarse más allá del cierre presupuestario anual.
La funcionaria advirtió que las consecuencias no se limitan al sector agrícola, pues también pueden repercutir en la disponibilidad de agua, la generación de energía y los desplazamientos de población.
Con el período más severo previsto para finales de 2026 e inicios de 2027, las autoridades enfrentan el reto de ampliar la asistencia antes de que aumenten las pérdidas. La evolución de la sequía y el comportamiento de las lluvias serán determinantes para establecer el alcance definitivo de los daños y las necesidades de apoyo.
