Las fuerzas de seguridad de Guatemala reforzaron su presencia en Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, ante los enfrentamientos entre pobladores y las presiones atribuidas a estructuras del crimen organizado para retirar posiciones militares estratégicas en la zona fronteriza con México.
El contingente está integrado por más de 400 militares y cerca de 300 agentes de la Policía Nacional Civil. Según Esvin Jacinto Quiché, subdirector general de Operaciones de la PNC, las acciones incluyen patrullajes a pie y motorizados, instalación de puestos de vigilancia y equipos de investigación para identificar a los responsables de los ataques.
Las pesquisas buscan establecer si organizaciones criminales guatemaltecas o mexicanas participaron en los hechos violentos, en los que se habría utilizado armamento de alto poder y rifles con miras de precisión. La duración del despliegue dependerá de la evolución de la situación de seguridad.
Ataques armados afectan a comunidades y escuelas
La violencia registrada el 13 de octubre obligó a suspender las clases presenciales en establecimientos del cantón Las Brisas y el caserío Villa Linda, en la aldea Tuichán. Videos difundidos durante los enfrentamientos mostraron a estudiantes resguardados debajo de sus pupitres mientras se escuchaban disparos.
El Ministerio de Educación dispuso que las actividades continuaran a distancia mediante guías de trabajo y acompañamiento de docentes, supervisores y familias, mientras las autoridades evalúan las condiciones para reanudar las clases presenciales.
La escalada también dejó un militar fallecido. El soldado Isaías Valentín Ramírez Salvador murió el 8 de octubre tras recibir un disparo en la cabeza mientras resguardaba una posición militar en el sector conocido como “tres mil”, en El Tumbador. El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, atribuyó el ataque a un francotirador. El Ministerio Público realiza diligencias para esclarecer el caso.
Disputa territorial favorece actividades ilícitas
El conflicto entre Tajumulco e Ixchiguán se remonta a 1933, cuando este último obtuvo categoría municipal sin que quedaran definidos con precisión sus límites territoriales. Desde entonces, las diferencias han provocado enfrentamientos por tierras y fuentes de agua.
La cercanía con México y las condiciones agrícolas de la zona también han sido vinculadas con el trasiego de drogas. La Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad advirtió que estructuras criminales podrían aprovechar las disputas comunitarias para reclutar habitantes y facilitar actividades ilícitas.
Las autoridades sostienen que grupos delictivos buscan el retiro de posiciones militares, incluido un búnker ubicado en un punto estratégico de la frontera. Sáenz indicó que las operaciones han afectado el traslado de estupefacientes, aunque reconoció que todavía no han debilitado sustancialmente a las estructuras criminales.
El Gobierno mantiene la coordinación entre el Ejército y la PNC, mientras se evalúan medidas adicionales para recuperar la gobernabilidad y crear condiciones que permitan retomar el diálogo entre las comunidades afectadas.
