El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el 15 de octubre la designación del banco cubano, una entidad estatal con sede en La Habana. La decisión se fundamenta en su participación en el sector de servicios financieros de la economía cubana, de acuerdo con el Departamento de Estado.
Las autoridades estadounidenses sostienen que BICSA mantuvo relaciones financieras con Karafarin Bank, una institución iraní que ya había sido sancionada por Washington en 2020. Según el Gobierno estadounidense, esos vínculos continuaron al menos hasta 2022 y justifican la incorporación de la entidad cubana a las medidas restrictivas.
Rubio afirmó que la administración del presidente Donald Trump no permitirá que Cuba funcione como una plataforma para actores extranjeros considerados una amenaza para la seguridad estadounidense. También señaló que Washington busca limitar las conexiones financieras entre La Habana y Teherán.
Las declaraciones corresponden a la posición oficial de Estados Unidos sobre las relaciones entre ambas instituciones.
Operación contra las redes financieras iraníes
La sanción a BICSA se anunció en coordinación con una operación más amplia del Departamento del Tesoro estadounidense, denominada Operation Economic Outcast, dirigida contra las redes financieras internacionales vinculadas con Irán.
El Tesoro informó que la iniciativa busca interrumpir mecanismos utilizados para mover dinero mediante entidades bancarias, compañías intermediarias y estructuras financieras que, según Washington, permiten evadir sanciones.
Como parte de las medidas anunciadas el mismo día, Estados Unidos también actuó contra una entidad bancaria iraquí a la que acusa de facilitar operaciones financieras iraníes y apoyar a grupos armados aliados de Teherán.
El Departamento del Tesoro sostuvo que estas redes permiten al Gobierno iraní acceder a divisas y sostener actividades económicas y militares pese a las restricciones internacionales.
Consecuencias de las sanciones
La designación de BICSA incrementa las restricciones para las operaciones de la institución que involucren a personas estadounidenses o bienes sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. En general, las sanciones de este tipo pueden implicar el bloqueo de activos alcanzados por la normativa y la prohibición de determinadas transacciones, salvo que exista una autorización aplicable.
La medida también puede dificultar las relaciones del banco con entidades financieras internacionales que buscan evitar riesgos asociados con las sanciones estadounidenses.
La decisión se produce en un contexto de tensiones entre Washington y La Habana. Durante 2026, el Gobierno de Trump ha ampliado las medidas de presión contra funcionarios e instituciones cubanas, con argumentos relacionados con la seguridad nacional y las relaciones de la isla con gobiernos considerados adversarios.
Hasta el anuncio de las sanciones, la información oficial difundida por Washington no incluía una respuesta de BICSA sobre los señalamientos. Tampoco se presentó públicamente en el anuncio un detalle de las operaciones específicas que habrían vinculado a las dos entidades bancarias.
La designación representa un nuevo frente de presión financiera sobre Cuba y amplía el alcance de las medidas estadounidenses dirigidas a limitar los vínculos económicos entre La Habana y Teherán.
