miércoles, octubre 14, 2026

TSE prepara herramientas digitales contra la desinformación para las elecciones de 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) desarrolla una aplicación para reportar cuentas falsas y contenidos engañosos, mientras tramita 259 denuncias por posible campaña anticipada. El proceso electoral también contempla acuerdos locales para prevenir la violencia, ampliar el padrón y reforzar la logística.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prepara una serie de medidas para enfrentar la desinformación y prevenir conflictos durante las elecciones generales de 2027. Entre las acciones figuran la coordinación con plataformas digitales, el monitoreo de propaganda anticipada y el desarrollo de herramientas para que los ciudadanos reporten posibles irregularidades.

La institución coordina con Meta mecanismos de verificación para organizaciones políticas y prevé reunirse con representantes de TikTok. Además, trabaja en una aplicación que permitirá enviar enlaces o fotografías en tiempo real para denunciar posibles contenidos falsos. Posteriormente, publicará un manual de buenas prácticas para el uso de redes sociales durante el proceso electoral.

El tema fue abordado en una reunión entre magistrados del TSE y la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, en la que también se revisaron el presupuesto, la actualización del padrón y las medidas para prevenir la violencia política.

Actualmente, el tribunal tramita 259 denuncias por posible campaña anticipada o infracciones electorales. De estas, 183 involucran a particulares y 46 a funcionarios públicos, entre diputados, alcaldes, concejales y síndicos. Otros 50 expedientes fueron archivados por no constituir una transgresión electoral.

Los casos pasan por una evaluación preliminar y, posteriormente, por una etapa de descargo ante la Inspección General. Si se identifica una posible infracción, el expediente se traslada al Registro de Ciudadanos para continuar con el procedimiento correspondiente.

Prevención de violencia y conflictos

El TSE también impulsa una Coalición Nacional en Contra de la Desinformación, con participación de autoridades, universidades y centros de pensamiento. Paralelamente, una mesa de prevención identificó más de 50 municipios con antecedentes de conflictividad electoral.

En esas localidades se promoverán acuerdos de paz electoral y actividades de capacitación con autoridades y ciudadanos. La institución también busca que las plataformas digitales habiliten un mecanismo específico para denunciar agresiones contra mujeres y casos de violencia política.

Durante la reunión, diputados cuestionaron la capacidad de las normas vigentes para sancionar la propaganda anticipada encubierta y la manipulación informativa. El acuerdo 58-2026 modificó el reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para abordar, entre otros aspectos, el uso de cuentas falsas y contenidos manipulados para desinformar.

El tribunal también informó sobre denuncias presentadas ante el Ministerio Público por el traslado de votantes con direcciones falsas en San Jorge, Zacapa.

Presupuesto y organización electoral

Para los comicios de 2027, el TSE solicitó Q2,700 millones, mientras que el Ministerio de Finanzas incluyó alrededor de Q2,300 millones en su propuesta presupuestaria enviada al Congreso. La cifra supera los Q1,600 millones ejecutados para las elecciones de 2023, debido al incremento de los costos logísticos y de transporte.

La organización requerirá cerca de 150 mil voluntarios para integrar las juntas receptoras de votos, frente a los 125 mil del proceso anterior. El tribunal también busca adelantar la integración de las juntas electorales departamentales y municipales, con el objetivo de iniciar su preparación desde la convocatoria electoral.

En cuanto al padrón, Guatemala registra 10.3 millones de personas empadronadas y la meta es alcanzar los 11 millones. Para lograrlo, unos 650 trabajadores realizan jornadas de empadronamiento en centros comerciales, universidades, oficinas del Renap y otros espacios públicos.

Con estas medidas, el TSE busca fortalecer la organización electoral, ampliar la participación ciudadana y reducir los riesgos que puedan afectar la transparencia de las elecciones de 2027.

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