El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras, anunció que impulsará un cambio en el calendario parlamentario: sesionar martes y miércoles para liberar los jueves exclusivamente a las interpelaciones. La medida pretende destrabar una agenda legislativa marcada por suspensiones constantes por falta de quórum y por un bloqueo institucional que mantiene a 12 ministros del gobierno de Bernardo Arévalo bajo arraigo hasta, al menos, octubre.
La dimensión del problema se refleja en el cronograma ya aprobado por el Legislativo: desde el 27 de agosto están programadas interpelaciones para 12 de los 14 integrantes del gabinete, con una agenda que se extiende hasta el 22 de octubre. Durante ese tiempo, los ministros no pueden salir del país, lo que limita su gestión y compromete la política exterior del Ejecutivo.
Una propuesta tras otra suspensión
Contreras planteó la iniciativa después de que la sesión del jueves 20 de agosto se suspendiera por falta de quórum. “Dimos casi cuarenta minutos para suspender la sesión. No teníamos el quórum. Se suspendió como manda la ley”, declaró. Según el presidente legislativo, la solución pasa por sumar una jornada ordinaria y reservar el jueves para el control político que la Constitución reconoce a los diputados. “Que eliminemos o que sesionemos una vez más, tal vez martes y miércoles podría ser, y dejar el jueves para esto, porque la interpelación es un derecho constitucional de los diputados”, explicó.
El caso emblemático: Abelardo Pinto
El atasco más evidente es el del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. Su interpelación comenzó formalmente el 13 de noviembre de 2025, aunque la solicitud había sido presentada desde enero de ese año. En la primera comparecencia respondió 15 de las 20 preguntas básicas, pero la sesión se interrumpió por falta de quórum. El proceso se reanudó en enero de 2026 con la fase de preguntas adicionales, que nueve meses después sigue abierta. Todavía hay cinco diputados pendientes de intervenir, lo que exhibe la capacidad del mecanismo para prolongarse indefinidamente.
La interpelación está prevista en el artículo 166 de la Constitución como herramienta de control sobre el Ejecutivo. Si al final del proceso el Congreso aprueba un voto de falta de confianza, el funcionario debe renunciar o puede ser removido. Mientras tanto, queda sujeto a arraigo y no puede salir del país. Este efecto práctico vuelve más delicada la agenda prevista para el gabinete de Arévalo, pues las interpelaciones pueden extenderse más allá de octubre sin garantía de cierre.
La diputada Lucrecia Marroquín, de la bancada Unionista, cuestionó la prolongación de las interpelaciones. “La interpelación es un derecho que tiene todo diputado, pero no puede ser. Yo en la legislatura pasada le puse el mote del jueves de mentiritas”, afirmó. A su juicio, el proceso no debería extenderse más de una o dos sesiones y su prolongación responde a intereses particulares antes que a un ejercicio efectivo de control político.
Decisión en manos de jefes de bloque
La definición sobre si el Congreso añadirá un día de sesiones ordinarias quedará en manos de la instancia de jefes de bloque. Por ahora, la propuesta de Contreras busca abrir espacio para la actividad legislativa sin tocar el derecho constitucional de interpelar, en un Parlamento atrapado por los jueves y con buena parte del gabinete condicionado por procesos que no tienen un plazo cierto de cierre.
Este escenario refleja el dilema central del Congreso guatemalteco: cómo equilibrar el derecho de fiscalización de los diputados con la necesidad de avanzar en la agenda legislativa. Mientras tanto, el Ejecutivo enfrenta limitaciones prácticas en su gestión, con ministros sujetos a arraigo y un calendario que amenaza con extender la parálisis institucional más allá de octubre.
