El Gobierno de Estados Unidos alista un mecanismo para ejecutar el cobro de sanciones económicas a migrantes que ya fueron deportados de su territorio, pero que mantienen multas migratorias o deudas pendientes con el Estado federal.
De acuerdo con registros de licitación verificados por el medio especializado Wired, la CBP proyecta la contratación de firmas privadas de cobranza para localizar a ciudadanos en Guatemala, México y Honduras.
A través de un portavoz, la CBP confirmó que la medida busca respaldar los “esfuerzos para garantizar que las personas cumplan con sus obligaciones legales, incluido el pago de multas relacionadas con asuntos migratorios y otras deudas contraídas con el Gobierno”.
Cobro extraterritorial y base legal
Bajo la normativa migratoria de Estados Unidos (INA, Sección 274D), las autoridades federales pueden imponer sanciones financieras a extranjeros que desacaten órdenes finales de remoción o sobrepasen su periodo de estadía autorizado.
No obstante, el cobro efectivo de estas obligaciones fuera de Estados Unidos ha sido poco frecuente debido a las barreras jurisdiccionales; una situación que podría cambiar ahora.
El plan contempla que las empresas contratistas identifiquen el domicilio de los deportados en sus países de origen para entregar notificaciones formales de cobro.
Hasta el momento, las autoridades gubernamentales de Guatemala, México y Honduras no han emitido una postura oficial respecto a la viabilidad legal ni a la cooperación para este proceso de cobranza en sus territorios.
