El Departamento de Justicia de Estados Unidos puso precio a ocho líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) con un paquete total de recompensas que supera los USD 100 millones, el mayor anunciado hasta ahora contra una sola organización criminal mexicana.
La acción incluye nuevos cargos federales contra cinco de esos ocho fugitivos, con acusaciones presentadas ante cortes en Washington D.C. y en Nueva York. Todos enfrentan hasta dos cadenas perpetuas consecutivas si son condenados.
Quién lidera el CJNG ahora
Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en un operativo militar mexicano en febrero de 2026, el mando del cártel recayó en su hijastro Juan Carlos Valencia González, de 41 años, conocido como Pelón.
El Departamento de Estado ofrece USD 25 millones por información que conduzca a su arresto o condena, la recompensa individual más alta del paquete. Valencia González ya enfrentaba cargos previos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de uso de armas automáticas.
Rifle de precisión incautado por la DEA en una investigación dirigida al CJNG, organización que emplea armamento de alto poder para proteger sus rutas de tráfico y operaciones criminales (ARCHIVO DE LA DEA: Incautación relacionada con el CJNG)
El CJNG fue designado organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado el 20 de febrero de 2025. Esa clasificación permite aplicar cargos adicionales de apoyo material al terrorismo, que se suman a los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Los otros seis acusados y sus roles
Audias Flores Silva (alias Jardinero, 45 años) quedó arrestado en México en abril de 2026. Pese a estar detenido, el gobierno estadounidense incrementó la recompensa por su condena a USD 15 millones. Se le acusa de tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina, lavado de dinero y uso de artefactos explosivos.
Julio César Montero Pinzón (alias Tarjetas, 44 años) y Carlos Andrés Rivera Varela (alias La Firma, 40 años) fundaron y dirigieron el Grupo Elite, el brazo armado del cártel. Según los documentos judiciales, este grupo contaba con más de 1.000 integrantes entrenados en el uso de lanzacohetes, ametralladoras calibre .50 y granadas propulsadas. El precio por cada uno alcanza los USD 10 millones.
Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán (alias Sapo, 37 años), ahijado de El Mencho, era el responsable de adquirir el armamento del cártel y supervisar el reclutamiento forzado. La recompensa por él es de USD 15 millones. Ricardo Ruiz Velasco (alias RR, 42 años) coordinó operaciones en varios territorios mexicanos, incluyendo la distribución de fentanilo y heroína dentro de Estados Unidos. Su recompensa es de USD 10 millones.
Julio Alberto Castillo Rodríguez (alias Chorro, 49 años), exsuegro de El Mencho, supervisaba las operaciones en Colima, el pago de precursores químicos para fabricar metanfetamina y el transporte de cargamentos hacia territorio estadounidense. El Departamento de Estado ofrece USD 15 millones por él.
La estafa inmobiliaria que financia al cártel
Un capítulo menos conocido de la acusación involucra a Griselda Margarita Arredondo Pinzón, de 36 años y hermanastra de Tarjetas. Ella, junto a Montero Pinzón y Rivera Varela, dirigió una red de fraude internacional que apuntó a ciudadanos estadounidenses dueños de propiedades de tiempo compartido en México.
Miles de víctimas denunciaron pérdidas que suman cientos de millones de dólares. El fiscal federal Joseph Nocella Jr. del Distrito Este de Nueva York destacó que la combinación de fiscales especializados en fraude corporativo con fiscales de narcóticos refleja una realidad nueva: los cárteles ya no dependen solo del tráfico de drogas para financiarse.
Arredondo Pinzón enfrenta hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. La recompensa por su arresto o condena es de USD 2 millones.
Qué busca el gobierno con estas medidas
El fiscal general en funciones Todd Blanche señaló que la publicación de los cargos, combinada con las recompensas, representa “otro paso decisivo” para desmantelar los cárteles que, en sus palabras, “han azotado este país por demasiado tiempo”.
El director de la DEA, Terrance Cole, calificó a Valencia González como uno de los fugitivos más buscados de la agencia y subrayó que las acciones coordinadas reflejan “el peso total del gobierno estadounidense” detrás del operativo.
Las investigaciones son parte de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional creada por orden ejecutiva del presidente Trump, que agrupa a la DEA, el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre otras agencias.
Quien tenga información puede comunicarse con las autoridades a través de los canales del Departamento de Estado o de la DEA. Las recompensas se pagan por datos que conduzcan al arresto o la condena, no solo a la localización de los fugitivos.
