El primer semestre de 2026 dejó en evidencia una preocupante inactividad en el Congreso de la República: más del 70% de las comisiones ordinarias no emitieron dictámenes. Según los registros oficiales, únicamente nueve de las 38 comisiones cumplieron con su función de analizar y recomendar iniciativas de ley, mientras que 29 permanecieron sin producción legislativa. Este panorama ha encendido las alarmas entre analistas y organizaciones que monitorean el desempeño parlamentario, quienes advierten que la falta de dictámenes compromete la calidad y el avance de la agenda nacional.
Las comisiones de trabajo son consideradas el núcleo del proceso legislativo. En ellas se estudian las propuestas antes de llegar al pleno, y sus dictámenes pueden ser favorables, desfavorables o con modificaciones. Sin embargo, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo otorga hasta 45 días hábiles para emitir un dictamen, plazo que en la práctica muchas comisiones no cumplen. El diputado José Chic, presidente de la Comisión de Deportes, explicó que la producción depende de las iniciativas asignadas: “Hay períodos en los que algunas comisiones no reciben propuestas relacionadas con su ámbito, y su rol se limita a la fiscalización”.
El contraste es evidente. La Comisión de Defensa Nacional, presidida por Rolando Guzmán, lidera la actividad con cinco dictámenes emitidos entre marzo y mayo. Le siguen Deportes y Finanzas Públicas y Moneda, con dos cada una, mientras que otras seis comisiones apenas registraron un dictamen en todo el período. En el extremo opuesto, áreas clave como Salud, Educación, Transparencia, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas no presentaron ningún avance.
Para Fernando Bon, analista de la Alianza por un Congreso Eficiente, el problema no se reduce a la cantidad de dictámenes, sino a la estructura misma de las comisiones. “Muchas veces los dictámenes carecen de estudios profundos, lo que deriva en leyes que requieren correcciones inmediatas. Además, las presidencias se convierten en cuotas de poder para los bloques aliados de la Junta Directiva, y la distribución de iniciativas responde más a acuerdos políticos que a criterios técnicos”, señaló.
La crítica apunta a que las comisiones, lejos de ser espacios de análisis técnico y jurídico, funcionan como instrumentos de influencia política. Bon advierte que la fragmentación de funciones y la duplicidad de algunas comisiones deberían llevar a una revisión estructural: “Unificar o reducir comisiones podría mejorar la eficiencia y evitar que se conviertan en simples plataformas de negociación”.
Jahir Dabroy, de ASIES, coincide en que medir la efectividad solo por números es insuficiente. “El verdadero reto es garantizar que las comisiones construyan consensos y estudien a profundidad los temas de impacto nacional. Si nos vamos por el número, obviamente es bajo, pero lo preocupante es que las discusiones de fondo han quedado sueltas”, afirmó.
En paralelo, algunos presidentes defienden su gestión. La diputada Sonia Gutiérrez, de Asuntos Electorales, reconoció que no han emitido dictámenes este año, pero aseguró que trabajan en abrir el debate sobre reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. En Salud, Obbed Castañeda destacó la calendarización de actividades y reuniones con sectores vinculados al sistema sanitario, mientras que Jorge Mario Villagrán, de Seguridad Nacional, subrayó la complejidad de enfrentar fenómenos como la criminalidad organizada y las amenazas transnacionales.
El segundo semestre se perfila con un desafío mayor: la discusión del Presupuesto General de la Nación. Analistas prevén que este tema absorberá la atención del Congreso, dejando poco margen para reformas de gran alcance en un contexto marcado por la proximidad del año electoral.
La conclusión es clara: las comisiones, que deberían ser el corazón del trabajo legislativo, atraviesan una crisis de funcionalidad. La falta de dictámenes no solo refleja una parálisis técnica, sino también una dinámica política que privilegia cuotas de poder sobre la construcción de leyes sólidas y consensuadas. El reto inmediato será reactivar su papel como espacios de análisis y debate, condición indispensable para recuperar la credibilidad del Congreso y responder a las demandas de la ciudadanía.
