La decisión sobre la validez constitucional de la reforma a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas quedó este viernes en manos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Este 22 de mayo, el Diario de Centro América publica el Acuerdo 15-2026, mediante el cual el Congreso de la República solicita formalmente una opinión consultiva a ese tribunal sobre el Decreto 10-2026.
El proceso se originó el 6 de mayo, cuando el presidente Bernardo Arévalo devolvió al Organismo Legislativo el decreto aprobado el 14 de abril. El mandatario ejerció su derecho de veto al considerar que la normativa contiene disposiciones contrarias a la Constitución Política de la República.
Los argumentos de Arévalo acerca del veto
El Ejecutivo argumentó que la ley vulnera los principios penales de taxatividad y lesividad, e inobserva el bloque de constitucionalidad en materia de protección integral de la niñez, adolescencia y familia. Con base en esas observaciones, Arévalo remitió el expediente completo al pleno del Congreso para su reconsideración.
Lo que dice la ley aprobada
El decreto objetado buscaba endurecer las sanciones por delitos sexuales contra menores de 18 años. Entre sus disposiciones establecía penas de prisión inconmutables de 10 a 14 años por violación y de 7 a 10 años por agresión sexual. También tipificaba como violación cualquier acto de acceso carnal o introducción de objetos en menores, sin necesidad de acreditar violencia física o psicológica.
En manos de los magistrados
Ahora corresponde a los magistrados de la CC emitir su opinión consultiva, que orientará la decisión final del Congreso sobre si se acepta el veto presidencial o si se insiste en la aprobación del decreto tal como fue redactado.
