El Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON) ha formalizado una acción de amparo contra la Comisión de Postulación encargada del proceso de elección del próximo Fiscal General de la República. Esta medida busca detener lo que la organización califica como una transgresión a los requisitos constitucionales indispensables para optar al cargo.
La acción legal surge tras detectar que la Comisión de Postulación está permitiendo la participación de candidatos que no cumplen con los estándares establecidos en la Constitución Política de la República. CEDECON sostiene que es imperativo respetar estrictamente las dos vías de acceso al cargo: haber desempeñado un período completo como Magistrado de Sala (5 años) o haber ejercido la abogacía por un lapso no menor a diez años.
Una distinción fundamental
En el escrito presentado, CEDECON enfatiza una distinción jurídica crucial: el simple título de abogado no equivale al ejercicio de la profesión. Según lo estipulado por la Ley del Organismo Judicial y la Ley de la Carrera Judicial, un juez en ejercicio tiene prohibido ejercer la abogacía simultáneamente. Por lo tanto, la entidad argumenta que la función jurisdiccional y el ejercicio liberal de la profesión son ámbitos distintos y no deben equipararse ni confundirse para validar perfiles en este proceso de selección.
Este criterio, que busca asegurar una experiencia jurídica calificada, encuentra respaldo en la jurisprudencia más reciente de la Corte de Constitucionalidad, establecida en 2022.
El llamado al respeto constitucional
En su pronunciamiento oficial emitido este 14 de abril, el Centro subraya que el respeto a estos requisitos no constituye una mera formalidad, sino una condición esencial para garantizar la legitimidad del proceso y la solidez del Estado de Derecho.
“El propósito de esta norma es garantizar que quienes aspiren al cargo cuenten con experiencia en ámbitos distintos del ejercicio del Derecho. Interpretaciones que desdibujen esta distinción o que equiparen indebidamente la judicatura con el ejercicio liberal pueden afectar la equidad del proceso”, señala el documento.
Ante este panorama, CEDECON hace un llamado enérgico a las autoridades y a todos los actores involucrados a actuar con estricto apego a la Constitución, evitando interpretaciones que busquen generar ventajas indebidas o debilitar la confianza en las instituciones.
La organización concluye con una advertencia contundente: “La Constitución se respeta o se debilita. No hay punto intermedio”.
