La actual magistratura del TSE que esta en su ultimo año, ha sido catalogada por expertos, políticos y medios de comunicación, como el peor TSE en la historia de la institución.
Ella solo debería dedicarse a poner sus expedientes en orden y prepararse a entregar su cargo para enfrentar la justicia por los procesos penales que tiene en contra y dejar de intentar meter las manos en el próximo proceso electoral indicaron expertos en el tema allegados al TSE que prefieren el anonimato para evitar represalias.
Así empezo esta Magistratura
Es de recordar que desde el proceso de postulación de los actuales Magistrados ha sido turbio el proceder de estas autoridades ha haberse evidenciado que el Magistrado
LaóFECI acciona contra el magistrado del TSE Ranulfo Rafael Rojas por supuesto uso de documentos falsos. Según el jefe de la FECI, el Magistrado habría utilizado documentación falsa durante el proceso de postulación al cargo que ostenta.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó una solicitud de antejuicio en contra del magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ranulfo Rafael Rojas.
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche indicó que esta acción es por los supuestos delitos de falsedad ideológica y uso de documentos falsificados.
Según explicó el Fiscal, Rojas habría utilizado documentación falsa durante su participación en el proceso de Postulación a magistrado del TSE en el 2020, cargo que actualmente ostenta.
La acción fue presentada este jueves 18 de abril por el jefe de la FECI quien acudió a Gestión Penal, de la Torre de Tribunales.
Según Curruchiche, el actual magistrado habría obtenido un documento carente de legalidad que lo acredita como Doctor en Derecho Constitucional.
Luego la Contraloría General de Cuentas presentó dos denuncias en contra del TSE
La Contraloría General de Cuentas presentó dos denuncias en contra del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La primera denuncia es por mala calidad de gasto en la adquisición del TREP, y la segunda por la compra innecesaria de equipo.
A través de un proceso de auditoría, la Contraloría General de Cuentas, presentó una denuncia contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en contra del Encargado del Despacho de Informática del TSE, esto por la falta de calidad del gasto en adquisición de un software o programa informático, refiriéndose puntualmente al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP.
La denuncia fue interpuesta por la CGC a la 1:00 de la madrugada del 25 de noviembre de 2023.
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Dentro de la denuncia, el ente contralor afirma que esta fue realizada “en el proceso de velar porque la fiscalización del gasto público se caracterice por la transparencia y la abierta rendición de cuentas, y como respuesta a la atención ciudadana en el marco del cumplimiento de su mandato constitucional se encuentra practicando auditoría al TSE a través de la Dirección de Auditoría a Sistemas Informáticos y Nóminas de Gobierno, de la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público”.
Además una segunda denuncia porque consideran que hubo una compra innecesaria de equipo, que fue aparentemente utilizado durante los eventos electores.
Según la entidad, considera pertinente que los hechos sean resueltos mediante una investigación a fondo de parte del Ministerio Público, por aparentes irregularidades en el montos de contratación.
Sin embargo, solamente va dirigida a 4 Magistrados del TSE; Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco. Además también se incluye dentro de la denuncia al encargado del despacho de la dirección general de informática en el TSE, Jorge Santos.
La denuncia señala que al realizar las pruebas técnicas y el análisis de la documentación sobre la adquisición del programa informático TREP, por un valor de Q148 millones 850 mil 250, se estableció que hubo una falta de planificación eficiente y documentación de soporte.
A través de este mismo video, el ente fiscalizador señaló que estas acciones no tienen relación con los resultados electorales, debido a que la Contraloría General de Cuentas no tiene competencia para conocer o fiscalizar el resultado del proceso electoral 2023, eso únicamente es competencia del TSE, detallan.
La Contraloría argumenta que en el año 2022 el TSE optó por desarrollar internamente un software informático para el proceso electoral, pero que a finales de ese año el porcentaje de desarrollo no refleja avances significativos, lo cual demuestra que tuvieron oportunidad de planificar y ejecutar desde el 2022 el desarrollo o adquisición de una solución informática para el proceso electoral con los recursos asignados.
Sin embargo, explican que fue hasta el 2023 que se orientaron las acciones hacia la adquisición de una solución informática para el evento electoral 2023, a través de la empresa Datasys, que llevó como resulta a la adquisición del Sistema TREP.
Importante señalar que el informe de esta auditoría será enviado a los miembros de la Comisión Pesquisidora que analiza el Antejuicio en contra de los Magistrados del TSE, en el Congreso de la República, como método de prueba dentro de la investigación.
Durante la gestión, Ministerio Público solicita levantamiento de inmunidad de dos magistrados titulares y un suplente del TSE
La Fiscalía de Delitos Administrativos presentó hoy solicitud de levantamiento de la inmunidad en contra de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Elizabeth Palencia Orellana y Mynor Custodio Franco Flores, así como del Magistrado suplente, Álvaro Ricardo Cordón Paredes por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, y resoluciones violatorias a la Constitución.
Con fecha 13 de marzo de 2023, el Ministerio Público recibió denuncia en contra de los señores Magistrados del TSE Irma Elizabeth Palencia Orellana, Mynor Custodio Franco Flores y del Magistrado suplente Álvaro Ricardo Cordón Paredes.
En la misma se indicaba que con fecha 9 de marzo de 2023, resolvieron dentro del expediente 930-2023, declarar con lugar el recurso de nulidad interpuesto por el Secretario General Nacional y Representante Legal del Partido Político Cambio.
Con dicha acción se revocó parcialmente la resolución PE-DGRC-354-2023 RJMJ/crrdl, de fecha 2 de marzo de 2023, proferida por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, y en consecuencia se declaró procedente la inscripción del ciudadano Manuel Antonio Baldizón Méndez, como candidato por el partido Cambio a Diputado al Congreso de la República de Guatemala por el listado nacional, en la casilla uno.
Asimismo, con fecha 27 de febrero mediante oficio FECI/G 2023-01183 la Fiscalía Especial contra la Impunidad remitió información al Director General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral con relación a los procesos penales del señor Manuel Antonio Baldizón Méndez que se conocen en dicha fiscalía.
Con base en dicha información, el 2 de marzo de 2023 el Director General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral resolvió no inscribir al ciudadano Baldizón Méndez como candidato a Diputado por el listado nacional, en dicha resolución se hace referencia a la información enviada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
La Fiscalía de Delitos Administrativos considera que los funcionarios mencionados posiblemente incurrieron en la comisión de actos delictivos al declarar procedente la inscripción del candidato teniendo pleno conocimiento que no cumplía con los requisitos del artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala que define los requerimientos de capacidad, idoneidad y honradez, así como los artículos 162 y 164 que establecen las prohibiciones y compatibilidades.
Baldizón Méndez se encuentra sindicado por la FECI en el caso Odebrecht, en donde está ligado a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero u otros activos. En el caso Transurbano enfrenta juicio por financiamiento electoral ilícito. Asimismo, fue condenado en los Estados Unidos de América por el delito de lavado de dinero, aceptando los cargos que le fueron imputados.
Por tal razón, la Fiscalía de Delitos Administrativos ha presentado la solicitud del levantamiento de la inmunidad para poder iniciar las investigaciones y establecer si existe la comisión de hechos constitutivos de delito.
Además la Sala Tercera Penal certifica lo conducente contra Blanca Alfaro por solicitar información del Caso Semilla
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal resolvió certificar lo conducente al Ministerio Público (MP) contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, tras considerar que una solicitud de información relacionada con un recurso de apelación presentado por el partido político Movimiento Semilla constituye una injerencia en la independencia judicial.
La Sala argumentó que la independencia del Organismo Judicial, garantizada por el artículo 203 de la Constitución Política de Guatemala, impide que otras autoridades intervengan en la administración de justicia. En este sentido, calificó el requerimiento del TSE como improcedente, al “exceder sus atribuciones legales”.
El TSE solicitó un informe sobre un recurso presentado por el Movimiento Semilla relacionado con la resolución del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, que en julio de este año, confirmó la suspensión del partido. Esta información, según el TSE, debía ser entregada en un plazo de cinco días.
La Sala no sólo rechazó la solicitud de informe, sino que además instruyó al MP para investigar la posible vulneración de la independencia judicial por parte del TSE. La resolución fue notificada a la presidencia de ese organismo electoral.
Hay que agregar que el Ministerio Público presenta antejuicio contra Blanca Alfaro por obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.
Tras retirarle la inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora el Ministerio Público (MP) va en contra de la presidenta de esa instancia, Blanca Alfaro. Este jueves 14 de diciembre, solicitó el retiro del derecho de antejuicio en contra de la funcionaria, esto para iniciar una investigación en su contra.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) planteó dicha petición en Gestión Penal, en el edificio de la Torre de Tribunales. Las fiscales que presentaron los documentos no dieron detalles de los delitos por los cuales buscan investigar a la funcionaria. Estas se cubrieron los rostros con mascarillas.
Hechos
Los señalamientos se derivan de que el pasado 30 de septiembre, Alfaro, en su calidad de magistrada, se opusó al secuestro de las actas electorales a manos de fiscales del MP, esto al finalizar un allanamiento en el TSE. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron infructuosos y el ente investigador sustrajo los documentos del órgano electoral.
Alfaro intentó hacer que los fiscales del MP depusieran sus acciones, pero estos argumentaron que «estaban haciendo su trabajo». Asimismo, la ahora presidenta del TSE señaló que fue víctima de empujones y codazos que le propinó el personal de la Fiscalía mientras abrían paso para salir con las actas.
En esa oportunidad, los magistrados del TSE aseguraron que se encontraban defendiendo «la voluntad del pueblo» y se opusieron a que sacaran las cajas que contenían los referidos documentos correspondientes a las elecciones generales 2023. La acción se llevó a cabo entre forcejeos de fiscales y los magistrados.
De esa cuenta, se señala a Alfaro por los delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes, explicó Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a La Hora.
El entrevistado también dijo que por el momento se descarta que por estos hechos se presenten acciones en contra de otros magistrados.
SANCIONES
El pasado viernes 1 de diciembre, los magistrados titulares del TSE, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera, Irma Palencia y Franco reportaron movimiento migratorio de salida del país, según confirmó el área de Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
Los cuatro funcionarios perdieron la inmunidad un día antes, por decisión de 108 diputados, quienes avalaron la teoría del MP de abrir una persecución penal en su contra por supuestas irregularidades en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), usado en las elecciones generales 2023.
