El gobierno del presidente Bernardo Arévalo destina más de Q48,3 millones mensuales en el pago de asesores contratados bajo el renglón 029, un gasto que ha crecido significativamente sin que se evidencie un impacto proporcional en la gestión pública.
Solo en marzo de 2024, se registraron 323 asesores en 17 secretarías presidenciales, con un costo superior a Q4,2 millones. Las secretarías con más contrataciones son Segeplan, la Secretaría General y la Secretaría de Bienestar, donde los salarios oscilan entre Q10,000 y Q28,000 mensuales. Sin embargo, sus informes de labores no reflejan resultados concretos.
Administración de Arévalo gasta millones de quetzales en asesores
La Secretaría de Inteligencia Estratégica y la Seccatid se niegan a transparentar sus nóminas, alegando “razones de seguridad”.
El patrón se repite en otras instituciones. El Ministerio de Economía tiene 411 asesores (Q5,8 millones al mes), mientras que la PNC pasó de 188 asesores en 2021 a 935 en 2025, algunos con salarios de hasta Q30,000.
A nivel general, el 34% de los empleados públicos son temporales, y menos del 40% tiene estudios universitarios. El 78% gana entre Q3,000 y Q10,000, mientras que los asesores, en muchos casos sin horarios fijos, perciben sueldos altos con poca fiscalización.
El renglón 029 permite contrataciones discrecionales, sin relación laboral directa, donde los asesores solo deben presentar informes mensuales no verificados. Esto ha generado dudas sobre la eficiencia del gasto público en una administración que prometió austeridad y transparencia.
