Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) se abstuvieron de responder al presidente Bernardo Arévalo dos consultas efectuadas en torno a las negociaciones con trabajadores, relacionadas con la elaboración de pactos colectivos.
Una de las cuestionantes efectuadas consistía en la publicidad de los actos administrativos, más cuando tienen impactos financieros en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
Básicamente, Arévalo quería saber si las negociaciones y el proyecto de pacto colectivo se puede revelar como parte de la información que el Gobierno está obligado a revelar, según el artículo 30 de la Constitución, que reza: “Todos los actos de la administración son públicos”.
También consultó si un pacto colectivo en negociación puede recibirse bajo la garantía de confidencialidad, aún cuando se quiera compartir con otra instancia dentro del Ejecutivo o entidad pública que lo requiera.
Y finalmente preguntó si el proyecto de pacto colectivo puede considerarse “susceptible de ser protegida por la garantía de confidencialidad” establecida en el artículo 30 de la Constitución, en donde se establece una prerrogativa para proteger asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo la garantía de confidencia.
Se abstienen
Sin embargo, los magistrados de la CC se abstuvieron de emitir opinión, argumentando que debe tenerse en cuenta que los asuntos sobre los que la Corte ejerce control, por vía de la opinión, son:
- La constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales y los proyectos de ley,
- la constitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad; y,
- los asuntos de su competencia establecidos en la Constitución.
“De tal cuenta, en el caso particular, analizado el tema controvertido y la forma en la que se formulan las interrogantes, esta Corte establece que no es viable emitir pronunciamiento de fondo, ello en atención a que la solución del tema sobre el que el consultante manifiesta dubitación no amerita que este Tribunal intervenga vertiendo su opinión en su condición de garante del orden constitucional”, determinó la CC.
El pacto de Joviel
Aunque las preguntas ni la respuesta lo señalan, el Gobierno ha sido enfático en rechazar la confidencialidad con la que el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), dirigido por Joviel Acevedo, entregó el proyecto para la negociación de un nuevo pacto colectivo.
Incluso, en abril pasado, la ministra de Educación, Anabella Giracca, solicitó al Sindicato levantar la confidencialidad en “aras de la transparencia y publicidad de los actos de la administración pública”.
Además, argumentó que el documento se recibió durante la administración de Alejandro Giammattei y fue en ese momento cuando se acordó que el mismo fuera confidencial.
Por su parte, Acevedo ha rechazado en varias oportunidades levantar la prerrogativa al documento entregado. Durante varios años, las negociaciones con el líder sindical han sido cuestionadas no solo por la forma en que las efectúa, sino porque muchas de las exigencias contravienen con los intereses del Estado y para mejorar la calidad de la educación pública.
