En su resolución la CC dijo “a juicio de esta Corte, las circunstancias no lo hacen aconsejable y porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se deniega el amparo provisional solicitado”.
El juez el juez de Mayor Riesgo “B” enfrenta el proceso de antejuicio por una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo que le señala de supuestamente inventar la figura de “prisión provisional”.
Por su parte, la defensa del juez señaló al interponer el amparo que la Corte Suprema de Justicia se apresuró al tramitar el antejuicio “sin exigir ni preguntar siquiera si él llevaba esos procesos”.
Organismo Judicial designa pesquisidor
En torno al proceso contra Gálvez, se confirmó que el magistrado Eduardo Galván Casasola fue designado como juez pesquisidor del proceso.
Galván Casasola es magistrado vocal II de la Sala Segunda de Apelaciones y tiene un rango militar como teniente coronel.
Anteriormente, la Corte Suprema había nombrado a la magistrada de Apelaciones, Zonia de la Paz, quien finalmente se excusó de conocer el expediente por una supuesta “amistad” con el juez Gálvez.
La Corte Suprema admitió para su trámite el antejuicio contra el Juez Miguel Ángel Gálvez.
La Fundación contra el Terrorismo lo denunció después de que el juez enviara a juicio a nueve acusados del caso #DiarioMilitar. @PublinewsGT pic.twitter.com/CvmF8e8R3E
— Sandy Pineda (@SPineda_PN) June 16, 2022
Entre los casos que están a cargo de Gálvez están: “Diario militar”, con el que denunció que se incrementaron las amenazas en su contra.
El juez también está a cargo del caso “La Línea”, por lo que el antejuicio en su contra pone en riesgo la continuidad del proceso judicial por defraudación tributaria.
Jueces denuncian persecución y acoso
Los jueces de Mayor Riesgo, Yasmín Barrios, Érika Aifán, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez, denunciaron en mayo de este año que eran víctimas de múltiples denuncias y hostigamientos.
Los cuatro jueces hicieron una petición a la Fiscal General, Consuelo Porras, para que revisara y cerrara los casos contra de los juzgadores, al considerarlos espurios.
Los jueces expusieron que habían al menos 30 causas penales en su contra, sin avances. El Ministerio Público no dio razón a las solicitudes y en cambio emprendió diversos procesos de antejuicio.
La jueza Érika Aifán optó por el exilio al considerar que “no habían garantías para un debido proceso” y el temor a represalias por los casos de alto impacto que conoció.
“Todo el panorama me preocupa, pero especialmente las amenazas directas”, dice el juez Miguel Ángel Gálvez
