En ese contexto, el Ejecutivo informó que el consejo de gabinete (consejo de ministros) aprobó este martes “la instauración de un proceso de reducción del 10 % de la planilla estatal y el inicio de un programa de retiro voluntario de servidores del sector público”.
También la suspensión de aumentos salariales, salvo los establecidos por ley; la restricción de asignaciones de nuevos teléfonos celulares en entidades de gobierno; y que ningún auto oficial podrá cargar combustible los días viernes salvo que tenga autorización similar al salvoconducto”, entre otras medidas de “austeridad”.
SUBSIDIO TEMPORAL AL COMBUSTIBLE
El Gobierno precisó que aprobó un aporte de hasta 150 millones de dólares para estabilizar en 3,95 dólares el galón de las gasolinas y el diésel para vehículos con matricula particular, transporte de carga y volquetes registrados en la base de datos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
El director de Presupuesto de la Nación, Carlos González, dijo que “con esta medida se estarían beneficiando 1.023.000 beneficiarios en adición a los 80.000 transportistas del sector público y 87.000 de la flota comercial e industrial” que ya gozan de este beneficio.
El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, aseguró a la televisión local que los recursos de este “esfuerzo adicional” para subsidiar el combustible provendrán de la “reducción de los programas y planes de los ministerios e instituciones” del Estado.
“Los 100 millones de dólares” anunciados en una primera parte del subsidio “se obtuvieron de más de 8 instituciones con el plan de austeridad, no hay de otra manera”, agregó el viceministro.
DENUNCIAS DE OPACIDAD Y DESPILFARRO
Transparencia Internacional (TI) capítulo de Panamá dijo este martes que las protestas resultan de una gestión gubernamental caracterizada por “un dramático endeudamiento público que se destina a lo que aparentan ser usos discrecionales movidos por objetivos políticos, y no a prestar los servicios públicos y menos a la creación de empleos y oportunidades”.
La ONG alertó que durante el actual Gobierno se ha registrado “una mayor debilidad en las instituciones de control, aumento de la planilla estatal y un descaro en los esquemas político-clientelismo con el dinero público, lo que lleva a diversas formas de corrupción”.
Es por ello que hizo “un llamado a los tres poderes del Estado para que se garantice la paz social y se atiendan las solicitudes que exigen el buen uso de los recursos y el cese del despilfarro del cual estamos siendo testigos a través de los medios de comunicación, a fin de lograr el encausamiento de las tensiones sociales para una convivencia pacífica en un Estado democrático y de derecho”, agregó la ONG.
