El Congreso de la República revisará las modificaciones propuestas a la iniciativa 6688, Ley de Contrataciones Públicas, que busca sustituir la normativa vigente para regular las adquisiciones del Estado. La discusión se desarrolla en medio de cuestionamientos de centros de pensamiento y representantes del sector empresarial sobre posibles debilidades en los controles, las sanciones y los mecanismos de transparencia.
La Comisión de Economía y Comercio Exterior tiene previsto reunirse con autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para conocer los cambios planteados por los diputados. Entre las modificaciones figura la exclusión de entre 33 y 34 artículos del proyecto original, que contiene 278 disposiciones y fue presentado por el Ejecutivo en noviembre de 2025.
El presidente de la comisión, Jorge Ayala, explicó que también se analiza modificar el mecanismo para resolver las inconformidades relacionadas con la adjudicación de contratos públicos. La propuesta original contemplaba un tribunal especializado, pero ahora se plantea que cada institución contratante conozca y resuelva los recursos presentados contra sus propias decisiones.
Este punto genera preocupación entre los analistas, debido a que podría afectar la independencia de las revisiones.
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que la iniciativa incorpora herramientas positivas para modernizar las compras públicas, pero advierte que todavía existen dudas sobre cuál será el texto definitivo que se someterá a aprobación. También señala que las instituciones podrían enfrentar dificultades para implementar los nuevos procedimientos.
Por su parte, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, cuestiona la eliminación del tribunal especializado y considera necesario garantizar una instancia independiente para revisar las adjudicaciones. Además, advierte que las sanciones propuestas podrían no tener suficiente capacidad disuasiva.
Montos de contratación bajo revisión
Otro de los aspectos cuestionados es el aumento de los límites económicos para las modalidades de compra. La propuesta plantea elevar la compra simplificada de Q90 mil a Q300 mil y la cotización de Q900 mil a Q2 millones.
Zapata considera que estos incrementos podrían dejar más adquisiciones bajo procedimientos con controles menos estrictos y aumentar los riesgos de fraccionamiento de contratos.
También señala que deben revisarse las excepciones para determinadas contrataciones, las modificaciones a contratos de obra pública y las condiciones para seleccionar proveedores.
El sector empresarial, por medio del CACIF, también solicitó que la iniciativa no sea aprobada de urgencia nacional. Entre sus preocupaciones figuran la posibilidad de ampliar las compras sin licitación y permitir modificaciones contractuales de hasta 40% del valor original sin convocar un nuevo concurso.
Los analistas coinciden en que modernizar las adquisiciones estatales requiere fortalecer la fiscalización, establecer sanciones efectivas y garantizar procesos competitivos.
La discusión legislativa continuará con la revisión de las observaciones técnicas y las propuestas del Minfin. La iniciativa busca transformar integralmente el sistema de compras públicas, por lo que los sectores consultados consideran necesario ampliar el análisis antes de su aprobación.




