martes, noviembre 17, 2026

Ejecutivo sanciona la Ley Marco de Ciberseguridad: normativa crea nuevos delitos y establece penas de hasta ocho años de prisión

El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 26-2026, que contiene la Ley Marco de Ciberseguridad, una normativa que establece nuevas disposiciones para prevenir ataques informáticos, proteger los sistemas digitales y perseguir los delitos cometidos mediante tecnologías de la información. El decreto fue publicado el 17 de noviembre en el Diario de Centro América y entrará en vigencia 30 días después de su publicación.

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Guatemala contará con un nuevo marco legal para enfrentar los delitos informáticos y fortalecer la protección de sus sistemas digitales. El presidente Bernardo Arévalo sancionó el 16 de noviembre el Decreto 26-2026, aprobado por el Congreso de la República el pasado 3 de noviembre de urgencia nacional, con 121 votos favorables.

La publicación de la normativa en el Diario de Centro América se realizó este martes 17 de noviembre, con lo que concluyó el procedimiento para su aprobación y sanción. De acuerdo con el artículo 96, la ley cobrará vigencia 30 días después de su publicación, es decir, el 17 de diciembre de 2026.

La legislación establece mecanismos para prevenir, investigar y sancionar ataques cibernéticos, además de proteger información digital e infraestructura tecnológica considerada crítica para el funcionamiento del Estado.

Nuevas instituciones para la seguridad digital

Entre sus principales disposiciones figura la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber), que estará presidido por el mandatario e integrado por autoridades de diferentes instituciones del Estado. Esta instancia tendrá a su cargo orientar las decisiones estratégicas en materia de seguridad digital.

También se crea la Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber), una dependencia adscrita al Ministerio de Gobernación que tendrá funciones técnicas y operativas para coordinar políticas, estrategias y protocolos de prevención y respuesta ante incidentes informáticos.

De esta dirección dependerá el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT), cuya implementación deberá completarse en un plazo máximo de 18 meses después de la entrada en vigencia de la ley.

La normativa también contempla el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público, mediante una fiscalía especializada para investigar los delitos informáticos, así como una unidad de informática forense en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Delitos informáticos y penas de prisión

Uno de los componentes centrales del decreto es la incorporación de nuevas figuras delictivas relacionadas con el entorno digital. Entre ellas se encuentran el acceso ilícito a sistemas informáticos, la interceptación ilegal de datos, los ataques contra la integridad de la información y de los sistemas, la falsificación informática, la apropiación de identidad ajena, el fraude informático y el abuso de dispositivos.

Las sanciones dependerán de la conducta y su gravedad. El acceso ilícito contempla penas de cuatro a seis años de prisión; la interceptación ilícita, de cinco a ocho años; los ataques contra la integridad de datos, de cinco a siete años; y los ataques contra sistemas informáticos, de cinco a ocho años.

Además, se establecen circunstancias agravantes cuando las acciones afectan infraestructura crítica o comprometen la seguridad nacional.

Plazos para implementar la normativa

El Ministerio de Gobernación tendrá seis meses, contados desde la entrada en vigor, para emitir el reglamento correspondiente. Otras instituciones deberán adecuar sus procedimientos y protocolos para cumplir con las nuevas disposiciones.

La ley también incorpora medidas de cooperación internacional y contempla la inclusión de contenidos de ciberseguridad en el Currículo Nacional Base.

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