La Comunidad Defensora de Derechos Humanos de Guatemala exigió al gobierno de Bernardo Arévalo ejecutar la política de protección para activistas, vigente desde hace un año, ante la falta de presupuesto, un plan de trabajo y una estructura institucional que permita responder a las agresiones contra quienes defienden derechos.
El reclamo fue presentado el 13 de noviembre en una conferencia de prensa realizada en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, en la capital. La agrupación reúne a organizaciones, redes, alianzas, movimientos y comunidades de distintas regiones del país.
La política fue aprobada mediante el Acuerdo Gubernativo 198-2025, firmado el 13 de noviembre de 2025, que creó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala 2025-2035. El Ministerio de Gobernación fue designado como ente rector y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, conocida como COPADEH, como coordinadora de su cumplimiento.
La medida surgió de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en agosto de 2014 condenó al Estado guatemalteco por la falta de justicia en el asesinato de un defensor ocurrido en 2004. El tribunal determinó que las acciones previas eran insuficientes y ordenó implementar una política pública de protección.
Una política sin recursos ni estructura operativa
Edgar Tomás Alejandro Godoy, representante en Xela del Comité Campesino del Altiplano, cuestionó que la norma no haya derivado en medidas concretas. “Tiene un año el día de hoy de haber entrado en vigencia, pero sin ninguna ejecución, sin ninguna acción, sin ningún proyecto, sin ninguna visión, sin ninguna meta establecida y sin ningún presupuesto”, afirmó.
La Comunidad Defensora sostuvo que el sistema de emergencia 1543 ya cuenta con una plataforma digital, pero advirtió que mantiene un enfoque policial que no responde a los procesos de criminalización contra activistas. Gran parte de las agresiones, señaló, ocurre en entornos digitales y mediante acciones judiciales o administrativas contra las personas defensoras.
Las organizaciones reconocieron los esfuerzos de COPADEH para difundir la política, aunque esperaban que el Consejo Coordinador ya estuviera en funcionamiento, con un plan de trabajo y fondos para ejecutar acciones durante 2027.
Godoy reclamó que el Ministerio de Gobernación instale la estructura prevista con “observación, participación real y sustantiva permanente” de integrantes de la comunidad defensora. También pidió abrir el diálogo para construir el Sistema de Protección Integral, que debía establecerse durante el primer año de vigencia de la normativa.
Un pronunciamiento de la Comunidad Defensora de Derechos Humanos exige al gobierno de Guatemala garantías de seguridad y la ratificación del Acuerdo de Escazú. (Otra Guatemala ya)
El Acuerdo de Escazú y la protección de periodistas
La segunda demanda está dirigida al presidente Arévalo y al Ministerio de Relaciones Exteriores: avanzar con la firma y la ratificación del Acuerdo de Escazú ante el Congreso. Guatemala suscribió el tratado ambiental y de derechos humanos en septiembre de 2018, pero en diciembre de 2022 el gobierno de Alejandro Giammattei comunicó a las Naciones Unidas que no buscaba convertirse en Estado parte.
Esa decisión dejó sin efecto jurídico la firma y el expediente permanece paralizado en la Dirección de Tratados Internacionales de la cancillería. La tercera petición exige incorporar las observaciones del gremio periodístico al mecanismo de prevención y protección de periodistas y comunicadores antes de aprobar el acuerdo gubernativo respectivo.
La cercanía del año electoral, según la organización, incrementa el riesgo para periodistas, defensoras, defensores y personas dedicadas a la auditoría social y la observación de los comicios. La agrupación citó los asesinatos de Juan Francisco Solórzano Foppa, Evelio Lissandro López, Eduardo Matzul y Carlos Humberto Cal Ical, casos que vinculó con denuncias sobre corrupción y presencia del crimen organizado en la política, y que permanecen impunes.
Solórzano Foppa, exfiscal del Ministerio Público y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, fue asesinado el 17 de octubre con más de 20 impactos de bala mientras jugaba fútbol en el complejo deportivo Campo Marte, en la zona cinco de la capital. El ataque también dejó a otro hombre muerto y a cuatro personas heridas.
López, periodista comunitario maya mam y fundador del medio digital Huehue Es Noticias, fue asesinado el dos de octubre en San Pedro Necta, Huehuetenango, días después de denunciar amenazas relacionadas con su trabajo. Cal Ical fue el primer periodista asesinado en 2026: el crimen ocurrió el 26 de abril en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
