Organizaciones civiles y el diputado Byron Rodríguez solicitaron al Congreso de Guatemala agilizar la aprobación de las reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal, que buscan establecer sanciones de cárcel para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra animales.
La iniciativa 6460, impulsada por el legislador de la bancada Todos, se encuentra en tercer debate y lleva dos años de trámite legislativo. Rodríguez anunció que solicitará que la propuesta sea incluida en la agenda de la próxima sesión plenaria, luego de que su avance encontrara oposición durante una reunión de jefes de bloque.
El congresista estuvo acompañado por representantes de las asociaciones Dogat y Rescue & Love, que respaldan los cambios legales y realizan actividades de castración, vacunación y atención médica para animales en situación de abandono.
Penas de prisión por maltrato y crueldad
La propuesta contempla incorporar los artículos 347 F y 347 G al Código Penal para tipificar el maltrato y la muerte de animales por actos de crueldad.
El primer artículo establece penas de uno a tres años de prisión para quienes provoquen lesiones a un animal, además de multas equivalentes a 15 salarios mínimos y el decomiso de los animales que permanezcan bajo responsabilidad del agresor. Si las heridas ponen en grave peligro la vida del ejemplar, las sanciones aumentarían en una mitad.
El segundo artículo plantea condenas de dos a cinco años de cárcel para quienes causen la muerte de un animal mediante maltrato. Cuando se utilicen métodos que provoquen sufrimiento grave, como el envenenamiento, las penas podrían alcanzar hasta 7.5 años de prisión.
Las multas también podrían superar los Q191 mil, dependiendo de la gravedad del delito.
La reforma busca que estos hechos dejen de atenderse únicamente mediante sanciones administrativas y que el Ministerio Público pueda investigar de oficio los casos.
Aumentan las denuncias por maltrato
Las cifras de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación reflejan un incremento de las denuncias. En 2023 se registraron 323 casos; en 2024 fueron 343 y durante 2025 ascendieron a 452.
La iniciativa también contempla jornadas de esterilización y castración de perros y gatos abandonados, mecanismos de rescate preventivo y la incorporación de contenidos sobre bienestar animal en los programas educativos.
Kristen Palencia, representante de las organizaciones defensoras, pidió a los diputados respaldar la propuesta y evitar que la violencia contra los animales continúe sin consecuencias penales.
Rodríguez anunció una nueva conferencia de prensa para solicitar el apoyo de los jefes de bloque y conseguir que la iniciativa avance hacia su aprobación definitiva.
Las organizaciones advirtieron que convocarán a una manifestación pacífica si el Legislativo no retoma la discusión y aprueba las reformas.
