El Gobierno de Panamá declaró estado de emergencia nacional y anunció la disponibilidad de US$100 millones para atender los daños ocasionados por el terremoto que sacudió el país el viernes 9 de octubre. La medida busca acelerar la asistencia humanitaria, reparar infraestructura dañada y apoyar a las comunidades más afectadas por el movimiento sísmico.
La decisión fue aprobada por el Consejo de Gabinete, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, después de recibir los informes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de otras instituciones que participan en las labores de respuesta.
Los recursos permitirán financiar la atención de las familias damnificadas, la recuperación de instalaciones públicas y los trabajos urgentes en las zonas con mayores afectaciones. Para coordinar estas acciones, el Ejecutivo anunció la creación de una comisión de alto nivel encargada de organizar la asistencia y planificar las reparaciones necesarias.
Balance de daños y personas afectadas
El reporte preliminar de las autoridades contabiliza 27 personas lesionadas, sin víctimas mortales confirmadas hasta el momento del informe. Los heridos presentan lesiones de leves a moderadas y fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.
Las evaluaciones también identificaron daños en más de 426 viviendas y en 21 instalaciones de salud, donde equipos de ingenieros y arquitectos inspeccionan las estructuras para determinar si representan algún riesgo para la población.
El sector educativo figura entre los más afectados. El Ministerio de Educación informó que 419 centros escolares presentan daños relacionados con el terremoto. Por esa razón, las clases y las actividades administrativas del sistema público fueron suspendidas de manera preventiva.
El ministro de Educación, Ventura Vega, indicó que el domingo 11 de octubre se anunciará si las actividades escolares se reanudan el lunes 12. La decisión dependerá de los resultados de las inspecciones y de las condiciones de seguridad de los establecimientos.
Asistencia en las provincias afectadas
Las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas concentran parte importante de los daños reportados. Sin embargo, las labores de respuesta también abarcan otras regiones, entre ellas Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro y las comarcas indígenas Ngäbe-Buglé y Emberá.
Una de las situaciones que requirió atención especial ocurrió en isla de Cañas, donde unas 300 personas fueron evacuadas debido al incremento del nivel del agua asociado al evento sísmico. Las autoridades informaron que los residentes permanecían resguardados mientras se coordinaba el suministro de medicamentos, alimentos y otros artículos esenciales.
El Gobierno habilitó el Parque Omar, en la ciudad de Panamá, como centro de acopio para recibir donaciones. Además, las gobernaciones provinciales funcionarán como puntos de recepción de agua, alimentos y productos de primera necesidad.
Inspecciones y recuperación
El terremoto ocurrió el viernes a las 12:56 horas y tuvo una magnitud de 7.7, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Posteriormente se registraron más de un centenar de réplicas, lo que mantuvo en alerta a la población y obligó a revisar edificios públicos y privados.
Las autoridades también desplegaron personal del Servicio Nacional de Fronteras para apoyar las operaciones de emergencia y reforzaron la asistencia psicológica para las personas afectadas.
La comisión gubernamental trabajará en dos áreas: coordinar las donaciones y ayudas humanitarias, y establecer las intervenciones necesarias para recuperar la infraestructura dañada. Mientras avanzan las evaluaciones, el Gobierno mantiene como prioridad la seguridad de la población y la atención de las comunidades que necesitan apoyo inmediato.
