Desde Washington, Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 200 mil ciudadanos salvadoreños que residen en Estados Unidos.
La medida implica el término de la protección migratoria que permitía a los beneficiarios permanecer temporalmente en el país y contar con autorización para trabajar. Una vez finalizado el TPS, las personas que no cuenten con otra base legal para permanecer en Estados Unidos pueden quedar sujetas a procedimientos migratorios, incluida una eventual deportación.
El TPS fue establecido en 1990 como un mecanismo migratorio para ciudadanos de determinados países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias que impedían, de manera temporal, su retorno seguro.
El Salvador comenzó a beneficiarse de este mecanismo en 1991, mientras que Honduras fue incluido posteriormente, en 1998. El TPS no otorga residencia permanente ni ciudadanía estadounidense.
La finalización del programa para los salvadoreños forma parte de una serie de decisiones de la administración estadounidense relacionadas con este mecanismo migratorio y que también han afectado a ciudadanos de países como Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua.
“El Estatus de Protección Temporal es exactamente eso: temporal. Durante demasiado tiempo, se ha permitido que el TPS funcione como un programa de amnistía de facto, a pesar de que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera permanente”, señaló Chandler Rebel, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.
Incertidumbre para miles de familias
La cancelación del TPS genera incertidumbre entre las familias salvadoreñas beneficiarias, particularmente aquellas cuyos hijos nacieron en Estados Unidos y cuentan con ciudadanía estadounidense.
De acuerdo con estimaciones citadas en relación con el programa, más de 150 mil menores con ciudadanía estadounidense tienen al menos un familiar salvadoreño que se encontraba protegido por el TPS.
Los menores que tienen ciudadanía estadounidense no están sujetos a deportación por su nacionalidad. Sin embargo, la situación migratoria de sus padres o familiares puede generar decisiones complejas para las familias, entre ellas permanecer en Estados Unidos bajo otra condición migratoria, buscar una alternativa legal o considerar el retorno a El Salvador.
También existe preocupación por el impacto que la medida puede tener en sectores de la economía estadounidense en los que existe una importante participación de trabajadores salvadoreños.
Cerca de 152 mil salvadoreños beneficiarios del TPS se desempeñaban en actividades como construcción, mantenimiento de edificios, transporte, manufactura y servicios de alimentación.
Según estimaciones citadas sobre el aporte económico de esta población, los trabajadores salvadoreños protegidos por el TPS generaban alrededor de US$5,400 millones anuales en contribución económica neta en Estados Unidos, después del pago de impuestos.
Posible impacto en las remesas
El cambio migratorio también puede tener efectos en El Salvador debido a la importancia de las remesas familiares enviadas desde Estados Unidos.
Las remesas representan aproximadamente entre 24 % y 26 % del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador, según estimaciones oficiales. Una reducción en los ingresos de los hogares que reciben estos recursos podría afectar el consumo y la economía de numerosas familias.
Por ello, la finalización del TPS no solo representa un cambio en la situación migratoria de miles de salvadoreños en Estados Unidos, sino que también puede tener repercusiones económicas y sociales tanto para las familias que permanecen en ese país como para aquellas que dependen de las remesas en El Salvador.
