La elección del próximo titular de la Contraloría General de Cuentas representa uno de los procesos de segundo grado más relevantes del país.
Además de dirigir la institución encargada de auditar el uso de los recursos públicos, el funcionario tendrá bajo su responsabilidad una herramienta que puede influir en la participación política de funcionarios y exfuncionarios que aspiren a cargos de elección popular.
El procedimiento comenzó el pasado 2 de junio, con la convocatoria de integración de la comisión de postulación por parte del Congreso de la República, esta instancia debe conformar la nómina de seis candidatos entre los cuales el pleno de diputados elegirá al nuevo jefe de la Contraloría para los próximos cuatro años.
Un proceso en varias etapas
La primera fase corresponde a la integración de la comisión de postulación, integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades que imparten la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, y un número igual de representantes electos por los colegios profesionales vinculados al área económica y contable.
Una vez instalada, la comisión elaborará el perfil del aspirante, publicará la convocatoria y recibirá los expedientes de los profesionales interesados en participar.
Posteriormente, los comisionados evaluarán la capacidad, experiencia, honorabilidad e idoneidad de los candidatos mediante una tabla de calificación. Tras resolver posibles tachas e impugnaciones, deberán integrar una nómina definitiva de seis aspirantes, que será remitida al Congreso con al menos 20 días de anticipación al vencimiento del período del actual contralor.
Finalmente, corresponderá al pleno del Congreso elegir al nuevo titular de la Contraloría con el voto favorable de al menos 81 diputados.
Más que una autoridad de auditoría financiera
Según indicó el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, la importancia de esta elección trasciende la supervisión del gasto público.
La Contraloría es importante porque es la que debe fiscalizar el gasto de las entidades públicas, explicó el analista, quien recordó que esa función constituye uno de los principales mecanismos de control sobre la administración estatal.
Sin embargo, señaló que el cargo también adquiere una dimensión política debido a la facultad que tiene la institución para emitir los finiquitos exigidos a quienes han administrado recursos públicos y desean competir por cargos de elección popular.
Ortiz explicó que, en la práctica, una persona puede quedar imposibilitada de participar en una elección si mantiene abierto un expediente de auditoría, aun cuando no exista una resolución definitiva sobre un posible manejo irregular de fondos públicos.
Una elección con impacto político
Asimismo, Ortiz considera que esa facultad convierte la designación del contralor en una decisión de alto impacto para el escenario democrático nacional, especialmente porque el funcionario ejercerá el cargo durante el período previo a las próximas elecciones generales.
Al respecto, el analista comentó:
El contralor que es electo suele responder a una mayoría política y luego puede permitir que se invalide la candidatura de varios posibles candidatos a través de los procesos de auditoría.
Desde su perspectiva, el modelo de elección vigente mantiene una alta carga política, desde la comisión de postulación, hasta el final de su proceso en el Congreso, por lo que señaló que este sistema favorece la politización de la designación en procesos electorales de segundo grado.
Es un proceso doblemente político: es político en la comisión y es político en el Congreso.
Más allá del procedimiento legal, el especialista enfatizó que quienes integren la nómina final deben reunir condiciones de independencia, capacidad técnica y solvencia ética.
De esta manera, la elección del nuevo Contralor General de Cuentas marcará el rumbo de la fiscalización estatal durante los próximos cuatro años y definirá quién estará al frente de una de las instituciones con mayor incidencia en el control del gasto público, la transparencia y el desarrollo de los procesos electorales futuros.
