Vecinos de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala han denunciado la presencia de altos niveles de arsénico en el agua que circula por su municipio.
Organizaciones locales y colectivos sociales señalan directamente a la actividad minera como el origen de este problema, acusando a la empresa Aura Minerals, responsable del proyecto Cerro Blanco, ahora rebautizado como Era Dorada.
En conferencia de prensa, los vecinos indicaron que, en los últimos tres años, han realizado diversos estudios científicos que confirman que, tanto Asunción Mita como la zona limítrofe con El Salvador, son áreas con alta concentración de arsénico.
Uno de los vecinos afirmó que este químico representa un veneno de acción lenta: “No mata inmediatamente. Se respira, se toma a través del agua o por consumir productos contaminados, el cuerpo humano no lo elimina por completo. La sustancia se mantiene, en particular, en la grasa corporal”
Además, indicó que extrabajadores de la mina sometidos a exámenes médicos han mostrado una “gran concentración de arsénico” en sus organismos, según los resultados presentados.
Según dijo, algunos de estos trabajadores han desarrollado discapacidades, lo que incrementa la preocupación entre la población expuesta.
Resistencia social y demanda de información
El colectivo Resistencia Miteca, junto al grupo ambientalista Madreselva, la organización Laudato Si, la Iglesia Católica, la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) y la sociedad civil, han emitido comunicados en los que exigen a las autoridades nacionales e internacionales que se tomen medidas inmediatas.
Según estos grupos, la empresa Aura Minerals continúa con el avance del proyecto sin brindar información adecuada a la comunidad sobre los riesgos ambientales.
Denuncian que el aval otorgado por la municipalidad local se produjo sin un proceso de consulta transparente ni participación ciudadana efectiva.
Consulta popular y defensa del agua
El 18 de septiembre de 2022, la comunidad de Asunción Mita llevó a cabo una consulta ciudadana para decidir el futuro de los recursos hídricos frente al avance minero. Participaron 8.509 residentes y el 87,9 % se manifestó en contra de los proyectos extractivos, defendiendo así su acceso al agua limpia.
Esta consulta significó un freno al plan de minería a cielo abierto, que, según los denunciantes, habría provocado la sobreexplotación de fuentes hídricas y la contaminación de la cuenca Ostúa-Güija-Lempa, vital para millones de personas en Guatemala y El Salvador. También alertaron sobre el riesgo de desplazamientos forzados y daños irreparables en los ecosistemas locales.
Señalamientos de corrupción y exigencias al Estado
Las denuncias públicas incluyen acusaciones de corrupción en la tramitación de las licencias ambientales y de explotación minera.
Los colectivos sostienen que, para aprobar el proyecto, se despidió al equipo ambiental que lo había rechazado en 2005, y la autorización se otorgó en 2007, durante el gobierno de Óscar Berger, en condiciones irregulares.
Exigen al Ministerio de Ambiente (MARN) la cancelación inmediata de la licencia ambiental y al Ministerio Público (MP) que procese penalmente a quienes hayan permitido la contaminación. También reclaman al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que anule la licencia de explotación, señalando que la empresa nunca cumplió con el Estado ni con la población local.
También denunciaron irregularidades durante la administración de Alejandro Giammattei.
Las organizaciones demandan al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo la ratificación del Acuerdo de Escazú y el respeto a los mecanismos de consulta, advirtiendo que la continuidad del proyecto solo agravará los conflictos socioambientales y la persecución a defensores de derechos humanos.
Movilización y vigilancia ciudadana
Mientras las autoridades y la empresa mantienen la actividad minera, las comunidades organizadas han ingresado en una nueva fase de resistencia ciudadana. Anuncian la continuidad de acciones legales y sociales para proteger el acceso al agua y la vida en la región.
