El panorama electoral enfrenta un nuevo foco de tensión: seis partidos políticos advierten que podrían ser afectados en su participación para las elecciones generales de 2027 debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha digitalizado las hojas de afiliación que han entregado en las últimas semanas. La institución reconoce que el proceso avanza con lentitud, pues únicamente cuenta con ocho digitadores para ingresar los datos.
Falta de certeza jurídica
El atraso en la digitalización y en la actualización de los registros genera qué, de las 25 agrupaciones vigentes, seis no alcancen todavía el mínimo de 28,083 afiliados exigidos por la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Según cifras oficiales al 26 de julio, los partidos con que podría ser afectados son:
- Partido Verde: 28,031 afiliados.
- Prosperidad Ciudadana: 27,755.
- Victoria: 27,063.
- Poder: 26,434.
- URNG: 25,806.
- Winaq: 25,548.
Las organizaciones señalan que, aunque han entregado nuevas afiliaciones, estas aún no aparecen reflejadas en el sistema del TSE, lo que les impide consolidar su número oficial de militantes. El plazo fatal para alcanzar la cifra mínima vence el 10 de septiembre, y sin ella no podrán proclamar candidatos ni participar en los comicios.
Confianza en la institucionalidad
El magistrado Mario Alexander Velásquez recordó que la consecuencia de no alcanzar el mínimo es grave: “La consecuencia es que no pueden participar en el proceso electoral los partidos políticos que no lleguen al mínimo de afiliados. Esa consecuencia conlleva a no postular candidatos a la presidencia, y al no llegar al porcentaje mínimo de votos, se iniciaría un proceso de cancelación”.
A pesar de la preocupación, los partidos expresan confianza en que el TSE logrará acelerar el proceso. La institución anunció que ampliará horarios de trabajo y, de ser necesario, habilitará jornadas en fines de semana para que el personal especializado reciba y digitalice los reportes de afiliados.
El 10 de septiembre se perfila como una fecha crucial para el futuro de las seis organizaciones en riesgo. Mientras tanto, la presión recae sobre el TSE, que debe demostrar eficiencia en la digitalización de afiliados y garantizar que ningún partido quede excluido por retrasos administrativos.
