El procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, respondió a la vicepresidenta Karin Herrera en relación con las denuncias de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quienes aseguran haber quedado sin posibilidad de continuar sus estudios por problemas en el registro y asignación de cursos.
En su comunicación, Córdova manifestó apertura para investigar los hechos, pero solicitó a la vicemandataria que se le proporcionen los nombres de los estudiantes afectados. Según indicó, la individualización de cada caso es indispensable para que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) pueda dar seguimiento y garantizar el derecho a la educación superior.
La petición de la vicepresidenta
La respuesta del procurador se da tras la solicitud de Herrera de acompañar a los estudiantes que han denunciado dificultades en el proceso académico. La vicepresidenta recordó que ya había expresado su preocupación en abril, cuando remitió una nota en la que advertía sobre posibles repercusiones en el acceso a la educación pública universitaria.
En esta ocasión, la vicemandataria fundamentó su petición en denuncias públicas de más de 40 estudiantes del Campus Central y de centros universitarios departamentales. Los afectados aseguran que su derecho a la educación está en riesgo debido a problemas administrativos que les impiden inscribirse en el segundo semestre de 2026.
Derechos fundamentales en discusión
Herrera subrayó que, además de garantizar el acceso a la educación, es necesario velar por la integridad y la libre locomoción de los estudiantes, en un contexto marcado por la conflictividad interna de la Usac. Las protestas y tensiones entre autoridades y estudiantes han generado un ambiente de incertidumbre que, según los denunciantes, amenaza con provocar “muerte académica”.
El procurador Córdova, por su parte, reiteró que la PDH está facultada para investigar y acompañar los procesos, siempre que se cuente con información precisa. Su respuesta busca establecer un mecanismo institucional que permita atender las denuncias de manera ordenada y con apego a la Constitución.
Un conflicto que se extiende
La Usac enfrenta desde hace meses una crisis institucional derivada de la elección de rector y de las acusaciones de fraude en el proceso. A ello se suman las dificultades administrativas que han impedido a decenas de estudiantes completar su inscripción, lo que ha generado preocupación en distintos sectores.
Los estudiantes afectados advierten que, de no resolverse la situación, podrían perder el semestre y ver truncada su trayectoria académica. Ante este panorama, la intervención de la PDH se perfila como un paso clave para garantizar que los derechos de los sancarlistas no sean vulnerados.
Con esta respuesta, el procurador Alejandro Córdova abre la posibilidad de un proceso de investigación que dependerá de la información que la vicepresidenta y los propios estudiantes proporcionen. El caso refleja la complejidad de la crisis en la Usac y la necesidad de acciones institucionales que aseguren la continuidad de la educación pública superior.
