El Congreso de la República analiza una iniciativa que podría transformar de raíz el sistema de adquisiciones públicas en Guatemala. Se trata de la propuesta 6688, presentada por el Organismo Ejecutivo, que busca sustituir la actual Ley de Contrataciones del Estado por una nueva normativa que agilice los procesos de compra y contratación de obras, sin sacrificar la transparencia.
La Ley vigente, aprobada en 1992, fue diseñada principalmente para regular la contratación de infraestructura. Con el paso de los años, se convirtió en un marco rígido que aplica los mismos procedimientos para adquisiciones tan distintas como medicamentos para hospitales o la construcción de carreteras. Esta falta de diferenciación ha generado retrasos de meses e incluso años en proyectos esenciales para la población.
El diputado Elmer Palencia, integrante de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, explicó que la normativa actual convirtió al Estado en una institución lenta. “Estamos hablando de una reforma integral, no de un parche”, afirmó, al destacar que la iniciativa supera los 200 artículos y plantea un rediseño completo del sistema.
Agilidad con controles reforzados
Uno de los puntos centrales de la propuesta es demostrar que rapidez no significa ausencia de fiscalización. La iniciativa plantea digitalizar procedimientos, fortalecer la plataforma Guatecompras y garantizar la trazabilidad de cada adquisición. De esta manera, se busca que los procesos sean más ágiles y al mismo tiempo más transparentes.
Entre las novedades se incluyen modalidades como el diálogo competitivo con proveedores, la subasta electrónica inversa y los convenios marco para compras frecuentes. Además, los criterios de evaluación dejarían de depender únicamente del precio más bajo, incorporando factores de calidad y capacidad técnica.
Una ley para todo el Estado
La reforma aplicaría no solo al Gobierno central, sino también a municipalidades, entidades autónomas y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Según Palencia, el principal beneficiario sería la ciudadanía, pues una mayor agilidad en las contrataciones permitiría traducir los impuestos en obras, medicamentos, infraestructura y servicios en menor tiempo.
Opiniones técnicas
El investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Erick Coyoy, considera que la reforma es necesaria. Señala que las modificaciones parciales realizadas en el pasado no lograron modernizar el sistema y que Guatemala necesita alinearse con las tendencias regionales.
Coyoy advierte, sin embargo, que se trata de una reforma compleja que requerirá un análisis técnico profundo en el Congreso. Destaca la importancia de incorporar herramientas tecnológicas para realizar estudios de mercado más completos, comparar precios y proveedores, y reducir la discrecionalidad en las compras directas.
Retos políticos y coyunturales
Aunque la propuesta abre la puerta a una transformación del sistema de contrataciones, su aprobación dependerá de la capacidad del Congreso para generar consensos. El inicio del período preelectoral podría dificultar que los diputados prioricen una iniciativa de este alcance.
Por ahora, la Comisión de Economía y Comercio Exterior mantiene el análisis técnico de la propuesta, con el objetivo de emitir un dictamen que permita al Pleno discutirla en detalle. El desafío será construir un marco legal que combine agilidad, transparencia y eficiencia, respondiendo a las demandas de un Estado que busca modernizarse y recuperar la confianza ciudadana.
